Durante la exposición de los informes finales, la fiscal Amparo González ha calificado de "antidemocrática" la actitud de Vicens por "obligar a alguien a hacer lo que no quiere", en relación al conductor del vehículo -que se encontraba en servicios mínimos-, y ha subrayado que "el derecho a la huelga acaba en el derecho de otro trabajador de no ejercerla".
La representante del Ministerio Público ha apuntado, de hecho, que la declaración del chófer durante la vista oral es "prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia" de la acusada, aseverando cómo el conductor, "sin animadversión ni motivos espureos, ha relatado que vio a Vicens arrancar el cartel de servicios mínimos que había colgado en el autobús y golpeó el cristal".
Es más, ha apuntado que uno de los policías que se encontraban presentes en la Estación Intermodal de Palma, donde tuvo lugar el incidente, "ha corroborado que así sucedieron los hechos". "La acusada ha mantenido diversas posturas durante la instrucción de esta causa, mientras que la víctima, que no tiene ningún interés en este pleito, ha mantenido la misma versión sobre los puntos clave, con matizaciones pero sin contradicciones".