Para el resto de investigados implicados en el 'procés' que derivó en la declaración unilateral de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre, el juez ha acordado una fianza de 100.000 euros para cada uno de ellos.
El magistrado ha citado a las partes para comunicarles la decisión que ha tomado después de que el pasado viernes les tomase declaración para estudiar la situación personal de cada uno de ellos. De este modo, el juez Llarena no ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox de mantenerles en prisión.
Los exconsejeros para los que se ha acordado fianza son Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxel Borrás, Josep Rull y Jordi Turull, quienes una vez las depositen y salgan en libertad deberán realizar comparecencias semanales en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, tendrán la prohibición de abandonar el país y se les retirará el pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión.
En relación con el riesgo de fuga, Llarena lo descarta porque cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.
No obstante, considera que la situación de los exconsellers y de los líderes de ANC y Ómnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, en cuanto que su aportación al delito se situaría en principio en un plano de principalidad equivalente al que ofrecía el comportamiento de la presidenta Carme Forcadell.
Sin embargo, respecto a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los 10 querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la "lesividad" que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones.
El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn, Sanchez y Cuixart, entiende que "sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella". En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el "asedio" por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consejería catalana de Economía en Barcelona.
"El riesgo de reiteración de sus conductas --añade el magistrado-- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física", expone el auto.
En estos cuatro investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva "refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad".
El peligro, según el juez, no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, "sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real".
Los exconsejeros se encuentran en prisión provisional desde el pasado 2 de noviembre, día en el que declararon ante la juez instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela como investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Los representantes de las asociaciones catalanas están encarcelados desde el 16 de octubre, cuando, también, comparecieron ante la misma magistrada, pero por el delito de sedición, en relación a los acontecimientos que tuvieron lugar el 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat en Barcelona.
Una vez que el magistrado decidió acumular todas las causas abiertas por el 'procés' --dejando sólo las actuaciones del que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, investigados por los mismos hechos que Sànchez y Cuixart-- los querellados solicitaron declarar para convencer al magistrado del supremo para que modificara estas medidas cautelares y les dejara en libertad.