Durante su comparecencia este martes en la comisión de investigación sobre irregularidades en los expedientes de regulación de empleo del Parlamento, Chaves ha manifestado que siente "el mismo dolor" que han podido sentir la mayoría de los andaluces ante el hecho de que, en la ejecución del programa 31L (ayudas sociolaborales), haya existido presuntamente una "utilización abusiva" del procedimiento, un "abuso de confianza", y "actos contrarios al derecho" y "punibles".
Ha manifestado que el programa 31L, al estar incluido en los sucesivos presupuestos de la comunidad, contaba con el visto bueno tanto del Consejo de Gobierno como, con posterioridad, del Parlamento. A su juicio, calificar ese programa de opaco o de "fondo de reptiles" es una "desmesura y una falsedad", así como una "descalificación intolerable" que solo puede derivar de una "mente perversa".
Ha señalado que la posterior ejecución y desarrollo de los programas no tenía por qué ser conocido ni por el presidente ni por el Consejo de Gobierno, sino que correspondía a la consejería competente, en este caso, la de Empleo.
Manuel Chaves ha defendido la política sociolaboral desarrollada por su Gobierno y ha manifestado que, en modo alguno, unos hechos "aislados" pueden restar valor a ese esfuerzo por mantener puestos de trabajo y ayudar a empresas en crisis en la comunidad.