Miembros del Gobierno y del PP creen que el éxito de la manifestación que ayer tuvo lugar en Barcelona para celebrar la Diada es un "desafío político", pero consideran que puede también convertirse en un problema para el presidente de la Generalitat, Artur Mas, incluso de carácter interno dentro de su partido.
El Gobierno y el Partido Popular han tratado hoy de rebajar el impacto de la marcha independentista --cuya asistencia ha sido cifrada entre 600.000 y un millón y medio de personas, según la fuente--, y también han tratado de no responder frontalmente para evitar dar mayor importancia aún a la repercusión de la misma.
De hecho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha querido hacer ninguna declaración en relación con este asunto, tras su intervención en el Pleno de control del Congreso de los Diputados y cuando fue preguntado por los periodistas si creía que España tiene un problema con Cataluña.
Los ministros también rehuían hacer declaraciones públicas al ser preguntados por la repercusión de la masiva manifestación, mientras que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, se ha limitado a decir que hay que analizarlo con "cierta frialdad".
Sin embargo, en el Gobierno consideran que el Ejecutivo de la Generalitat "se ha pasado" con los apoyos a la convocatoria de la marcha independentista de la Diada, según explicaron las fuentes consultadas por Europa Press.
Además, en el PP estiman que el Gobierno de la Generalitat está tratando de lanzar un "desafío político" al Ejecutivo central y admiten que este problema le puede hacer daño al Gobierno 'popular'.
Pero también, tanto desde el Gobierno como desde el PP consideran necesario esperar a ver los siguientes acontecimientos, porque creen que este intento del Ejecutivo catalán de presionar a Rajoy puede volverse en contra y acabar siendo un problema para Artur Mas.
En este sentido, recuerdan que el siguiente paso será la negativa de Mariano Rajoy al pacto fiscal cuando el presidente de la Generalitat catalana se lo reclame personalmente en Moncloa, el próximo día 20.
El problema, afirman dirigentes populares, se le puede presentar a Artur Mas a partir del día 21, cuando tenga que decidir si convoca elecciones anticipadas aprovechando el tirón del victimismo frente a la negativa de Madrid, y deba optar por incluir o no la propuesta de independencia en su programa electoral. Según estas fuentes, esta cuestión puede crear problemas internos en el seno de su propia federación.
En cualquier caso, tanto en el Gobierno como en el PP admiten que esta situación crea un problema y hoy han evitado una respuesta frontal. En el recuerdo está, y así lo comentaban algunos consultados, el independentismo que contribuyó a fomentar los ataques directos promovidos por el Ejecutivo de José María Aznar en su día.
Por ello, muchos de los consultados también trataban de rebajar el impacto de la multitudinaria marcha independentista de ayer alegando que en ella no había sólo aspirantes a la independencia, sino que se juntaban otros intereses, como los que acudieron para defender un pacto fiscal para Cataluña y los desencantados con las reformas económicas y los recortes llevados a cabo por el Gobierno.