Jiménez ha hecho esta petición en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para exponer su visión sobre los incidentes de los últimos días en El Aaiún, sin aclarar qué organismo debería llevar a cabo esta investigación imparcial, al margen de las que haga Marruecos y el Frente Polisario.
A la salida de la comisión, la ministra ha apuntado la opción de que el informe lo pudiese redactar la misión de la ONU desplegada en el Sahara Occidental (Minurso) u organizaciones como ACNUR o Human Right Watch.
Lo importante, ha remarcado, es que esta investigación sea aceptada por Marruecos y el Polisario y permita conocer los hechos con "claridad y rotundidad".
"Es necesario que la comunidad internacional conozca el balance final de lo ocurrido para hacer un pronunciamiento definitivo, con datos precisos y fehacientes, a través de un informe claro e independiente", ha dicho Jiménez en su comparecencia, en la que ha recibido fuertes críticas de todos los grupos de la oposición.
Le han censurado que el Ejecutivo no haya condenado aún la actuación de Marruecos, que haya antepuesto los intereses económicos a la defensa de los derechos humanos y que el PSOE defienda ahora una postura sobre el Sahara antagónica a la que postulaba cuando estaba en la oposición.
El diputado de ERC Joan Tardá ha llegado a hablar de que la represión cometida en El Aaiún puede calificarse como de "genocidio" y el de IU, Gaspar Llamazares, ha avisado de que el Sahara puede convertirse "en el Waterloo del Gobierno español", como Irak lo fue para el PP.
Jiménez ha dicho sentirse "ofendida" ante algunas de las críticas y ha negado que el Gobierno haya cambiado su posición, "ni la vaya a variar".
"Siempre hemos defendido los derechos humanos, las libertades y la democracia en todas las partes y en todo momento, por igual, en todos los países, en todos los conflictos y en todos los territorios", ha dicho con tono grave.
La jefa de la diplomacia española ha asegurado que el Ejecutivo socialista "condenará siempre la violencia, se produzca sobre quien se produzca", pero ha insistido en que lo "responsable" es esperar a saber qué ocurrió y no precipitarse en el juicio a la actuación de la policía marroquí.
Para poner de manifiesto los interrogantes que aún hay, Jiménez ha informado de los datos facilitados hasta ahora por las dos partes.
Rabat contabiliza doce muertos -diez policías marroquíes y dos saharauis-, 70 heridos, 77 detenidos y 33 personas puestas a disposición judicial.
El Frente Polisario, en cambio, habla de más de 36 fallecidos, 4.500 heridos y más de 2.000 arrestados antes y después del desalojo del campamento, que tuvo lugar el pasado día 8.
"Hay una gran disparidad y un gobierno responsable tiene que esperar a resultados definitivos para emitir una opinión", ha concluido Jiménez, quien ha recordado que ésta es la línea que mantienen la ONU, la UE y países como Estados Unidos o Francia.
Además de aclarar los hechos, Jiménez ha pedido a Rabat una investigación sobre la muerte del ciudadano saharaui con nacionalidad española Baby Hamday Buyema, quien murió atropellado por un vehículo de la policía marroquí cerca del campamento.
También ha vuelto a solicitar que se permita el acceso a El Aaiún de todos los periodistas, frente a la propuesta del reino alauí de que sólo entren algunos.
A pesar de las discrepancias con la oposición, Jiménez ha ofrecido consensuar una postura que contribuya a promover el diálogo entre Marruecos y el Polisario para resolver de una vez el conflicto.
El portavoz del PP, Gustavo de Arístegui, lo ha condicionado a que el Gobierno "rectifique", abandone su política de debilidad ante Marruecos y recupere una posición de "neutralidad activa".
PNV y CC también han criticado la "pasividad" y "tibieza" del Ejecutivo ante Rabat y han reclamado alzar la voz ante su "brutalidad y salvajismo" por el desalojo del campamento.