Según ha explicado, esta cifra atiende a la existencia de un problema social y político "en ebullición", si bien hay que precisar que no todas ellas pertenecen a desahucios de primera vivienda, ya que "la inmensa mayoría" corresponden a locales de negocio.
El CGPJ carece de estadísticas para conocer cuántos casos del total pertenecen a casos de ejecuciones hipotecarias de primera vivienda, aunque calcula que el porcentaje estará en torno al 10 por ciento del total señalado.
Moliner, que ha acudio a la Cámara Alta a presentar los datos de la Memoria del CGPJ correspondiente a 2011, y que ha actualizado con datos de 2012, ha recordado que el CGPJ está actuando frente a este problema social y que hoy mismo ha suscrito un convenio con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, José Manuel Rey, para atender a personas desahuciadas de su vivienda que puedan estar en situación de emergencia social.
En estos casos, el juez avisará a los servicios sociales para que se atienda a estas personas antes de proceder al lanzamiento. Se trata de una actuación que ya se lleva a cabo en otros lugares, como Barcelona, y que realizan jueces en otros lugares de España a nivel personal.
En su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre, Moliner ya destacó que las ejecuciones hipotecarias habían registrado un incremento del 134,13% durante los primeros tres trimestres de 2012, acarreando la "consiguiente creación de un conflicto social".