Durante una rueda de prensa, representantes de más de una decena de organizaciones sociales, expresaron su condena a la puesta en libertad, bajo fianza, del ex fiscal Álvaro Matus, acusado por la CICIG de conspiración e incumplimiento de deberes, entre otros cargos.
Matus ha sido uno de los funcionarios acusados por la CICIG, dirigida por el jurista español Carlos Castresana, de avalar la impunidad en Guatemala.
Sin embargo, los tribunales sólo lo juzgaron ayer por los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad y quedó en libertad tras el pago de una fianza de 1.900 dólares que Castresana ha calificado como una "vergüenza".
"Hemos visto cómo los mecanismos de la impunidad impiden que avance la investigación de las estructuras clandestinas de seguridad que operan en el país", se lamentó la activista Claudia Samayoa, para quien las autoridades judiciales evitaron la acusación del delito de conspiración contra Matus.
"Nos preocupa muchísimo la manera como se trata de desprestigiar la acusación", pero "esperamos que se respete el proceso de investigación, que se escuche la verdad y se deje trabajar a la CICIG", manifestó.
Samayoa dijo que el Movimiento de Derechos Humanos y las organizaciones sociales "respaldan a un organismo internacional que está haciendo su trabajo para rescatar de las manos del crimen organizado y de los aparatos clandestinos de seguridad al Estado".
Por su parte, Helen Mack, titular de la Fundación Mirna Mack, lamentó la pérdida de evidencia en los casos que Matus investigó cuando fue fiscal de Delitos contra la Vida.
Entre ellos, mencionó la pérdida de pruebas en el caso del asesinato del venezolano Víctor Rivera, ex asesor del Ministerio del Interior, perpetrado en abril de 2008, caso por el que Matus fue denunciado por la CICIG ante los tribunales.
"Lo que más lamentamos es que los fiscales que han encubierto a los criminales sean los buenos de la película y esa impunidad es la que causa más violencia", sostuvo.
Samayoa insistió en que se debe brindar todo el apoyo a Castresana, porque de lo contrario todo el esfuerzo que realiza por combatir la impunidad "puede tirar al traste el futuro de Guatemala".
Por su parte, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Nery Rodenas, resaltó que la puesta en libertad bajo fianza de Matus deja en evidencia "hasta dónde llegan las estructuras clandestinas para obstaculizar y bloquear la aplicación de la justicia".
"Cómo es posible que hayan resuelto el caso Matus sin la presencia de la CICIG. Eso significa que el Organismo Judicial está implicado en la impunidad", aseveró Mack.
Samayoa apuntó que la CICIG "es el instrumento más poderoso que tenemos para luchar contra la impunidad", en la que según Castresana, están implicados militares, periodistas, políticos, empresarios, jueces, abogados, fiscales y policías, entre otros.
Un representante de la Fundación "Rigoberta Menchú Tum" (FRMT), Benito Morales, comentó que el sistema de justicia de Guatemala "está colapsado" y señaló que si los guatemaltecos no toman consciencia sobre la impunidad, la situación se tornará "más grave".