La investigación se inicio en 2007. Desde entonces hasta ahora, el juez ha comprobado, según recoge en el auto, que Francisco Correa había creado un entramado de empresas que llevaba 10 años funcionando mediante el soborno a las administraciones públicas.
Aunque no ha transcendido las acusaciones que pesan sobre Correa, cerebro de la trama, Garzón si sostiene que era él encargado de dar "instrucciones para relaizar dávidas ya funcionarios públicos con el fin de obtener provecho económico para él y el grupo que dirige"; "se dedicaba a valorar posibles proyectos". Fundamentalmente se interesaba por negocios inmobiliarios, aunque con la crisis había empezado a diversificar sus actividades. El juez asegura que la operación tuvo que adelantarse porque pretendía marcharse a Panamá.
Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, era el número dos de la trama. Llevaba "la dirección de y el control del funcionamiento de las empresas de eventos". Era el consejero delegado y "responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa".
Antoine Sánchez, primo de Correa, era una "pieza clave" para Garzón. Figuraba como titular de las empresas del cabecilla de la trama, quien le pagaba todos sus gatos.
Lo que no ha recogido el titular del juzgado en el auto son los nombres de los cargos públicos que aceptaron sobornos para no entorpecer las investigaciones. Además, algunos medios de comunicación publican hoy que la policía sigue la pista a un maletín que guardaría documentos que probarían la supuesta relación de miembros del PP con la trama.
El último detenido, Álvaro Pérez, y supuesto responsable de Orange Market, filial valenciana de las empresas de Correa, ha quedado en libertad tras declarar en la Audiencia. No obstante, deberá personarse en comisaría semanalmente y no puede dejar el país.
EB