Así se deduce de unos documentos aportados por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil al sumario de la 'operación Babel', que investiga las actividades presuntamente fraudulentas de los responsables del Instituto Nóos.
Según estos documentos, el 20 de abril de 2011 Torres suscribió, en calidad de presidente de la Fundación, un contrato con la sociedad Octium S.L., en la que figura como administradora su esposa, Ana Tejeiro, imputada igualmente en la pieza desgajada del 'caso Palma Arena' por el juez José Castro. Se trataba de un velero de 10,60 metros de eslora con capacidad para ocho personas.
Según los términos del contrato, el barco debería utilizarse para desarrollar el programa Velas por la Vida, sin que pudiera destinarse a ninguna otra actividad "sin autorización de la parte arrendadora".
En un segundo documento, firmado ese mismo 20 de abril por el también imputado Miguel Tejeiro, hermano de Ana y secretario de la Fundación, la organización de apoyo a la infancia autoriza a Diego Torres a "utilizar la embarcación Octium en cualquiera de sus formas y a realizar cualquier gestión, mantenimiento o transporte relativo a dicha embarcación, siendo acompañado de las personas que considere oportuno para dicha utilización".
La autorización se concede con "carácter indefinido", según el mismo documento, y la duración del contrato comenzó a regir ese mismo día y hasta el pasado 31 de diciembre.
Desviados supuestamente 1.400.000 euros de fondos públicos
El informe, incluido en el amplio sumario de la pieza del caso Palma Arena que hasta la pasada semana se encontraba bajo secreto, detalla que a través de Nóos Consultoría Estratégica, entre 2004 y 2007 ambos cobraron 2.794.440 euros, mientras que sólo Torres percibió 749.505 euros mediante otra de las empresas, Virtual Strategies (de 2004 a 2007); 456.381 a través de Shiriaimasu (de 2004 a 2007), y 853.102 euros mediante Intuit Strategy Innovat (de 2005 a 2007).
Mientras tanto, el Duque de Palma cobró por su parte un total de 747.889 euros a través de la inmobiliaria Aizoon entre los años 2004 y 2005.
El documento del fiscal Pedro Horrach se centra en los dos convenios rubricados entre Nóos y el Govern balear, a través de la Fundació Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) en 2005 y 2006 por un total de 2,3 millones de euros, de los cuales 1.386.739 fueron presuntamente desviados a fines particulares.
En concreto, en el caso del primero de los convenios dirigido a poner en marcha un foro sobre turismo y deporte, el Ministerio Público asevera que no consta más que el convenio y el presupuesto aportado por Nóos, de "una sola hoja" en la que se detallan los supuestos costes para desarrollar la cumbre y ejecutar los servicios. Más allá de esto, ni una sola factura que justifique o acredite que el Instituto destinó los 1,2 millones al objeto del convenio.
Detalle de facturas
El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio en el Instituto Nóos Diego Torres se embolsaron de esta entidad un total de 5,6 millones de euros a través de mercantiles de las que son propietarios y administradores, tal y como se desprende de un informe que la Fiscalía Anticorrupción ha aportado al juez que investiga la presunta trama societaria creada por ambos para desviar fondos públicos.
En este contexto, la acusación pública detalla las facturas que en su día presentó Torres, exgerente de Nóos, para justificar el destino de los fondos y en este sentido asevera que 320.969 euros no están justificados; 135.356 euros nada tienen que ver con el objeto del convenio; 145.000 fueron facturados por Torres por la "dirección y diseño del proyecto", y 116.000 fueron percibidos por Urdangarin a través de Aizoon por la "gestión de la logística del IB Forum".
En lo que se refiere al segundo de los convenios, dirigido a desarrollar un Observatorio Permanente de Turismo y Deporte con sede en Baleares y presupuestado en 1,1 millones, la Fiscalía postula que 396.073 euros no han sido justificados documentalmente; 180.540 se corresponden a facturas que no tienen nada que ver con la pretensión del convenio y 92.800 euros fueron facturados por Torres a través de Nóos Consultoría Estratégica.
34.375 € de la Generalitat catalana por asesorar sobre proyectos sanitarios
Un informe del Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía aportado al juez que instruye la denominada 'Operación Babel' refleja el convenio de colaboración firmado entre su socio, Diego Torres, y el Departamento de Salud de la Generalitat catalana.
El informe, incluido en el sumario de la pieza del caso Palma Arena, detalla que el Gobierno catalán solicitó a su asesoría jurídica un informe sobre la propuesta del Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo.
El convenio, fechado el 7 de noviembre de 2005, se enmarcó dentro del Plan director de Inmigración y Cooperación en el ámbito de la salud, un instrumento destinado a adaptar servicios de esta naturaleza al fenómeno de la inmigración y a impulsar la cooperación sanitaria.
Urdangarin y su mano derecha presentaron a Nóos como una asociación dedicada al desarrollo profesional y la promoción de organizaciones relacionadas con las "ciencias de la salud y de la vida", entre otras actividades.
Entre los objetivos que compartían Nóos y el Departamento de Salud, figuraba el hallazgo de estrategias que permitieran evaluar las políticas sanitarias, mejorar su coordinación y reducir desigualdades en "nuestra sociedad" y en los países en vías de desarrollo.
Además, coincidían en su voluntad de promover acciones formativas, de asesoramiento y estudios estratégicos vinculados a la responsabilidad social corporativa y emprendedora. A tal efecto, Nóos aseguraba contar con la experiencia necesaria en el ámbito de la consultoría, la gestión y el análisis, y disponer de profesionales "idóneos" y especializados para la prestación de estos servicios.
Así, se comprometió a colaborar en la definición de proyectos de cooperación exterior y a "ordenar la atención sanitaria individual a personas de países en vías de desarrollo con necesidades de salud urgentes o extremas y no cubiertas en su país".
Proyectos, al menos, en catalán
Para desarrollar este tipo de proyectos, la entidad del duque de Palma se ofreció aportar un director que dedicaría 20 horas semanales, un codirector con una dedicación de 40 horas a la semana y a coordinar el equipo de trabajo.
Por su parte, el Departamento de Salud catalán contribuiría con un supervisor, el pago de 34.375 euros y todo el apoyo documental que fuese necesario. Así lo recoge el convenio vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005, con posibilidad de ser prorrogado siempre que se formalizara por escrito.
El contrato recoge que los proyectos deberían ser entregados, al menos en catalán, de acuerdo con la ley de política lingüística y que el Ejecutivo autonómico se reservaba la decisión de incluir el logotipo de la Generalitat o del Departamento de Salud en estas actividades.