El efecto del procés tiene más consecuencias colaterales de las que parecen. El número de huelguistas en Cataluña se ha multiplicado por ocho con relación a un año atrás: de 23,5 participantes en huelgas cada 10.000 ocupados en el segundo trimestre de 2017 se ha pasado a 209,7 huelguistas en el mismo trimestre del año en curso (+792%). Más que por un empeoramiento de la situación laboral, se trata del impacto de huelgas convocadas a finales del año pasado a raíz del conflicto político en esa autonomía, según datos de Adecco.
Y no parece que la cosa vaya a parar. La portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, ha dicho este mismo martes que el Ejecutivo regional está a la espera de que la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, concrete su propuesta de convocar un Paro de País el 1 de octubre, antes de pronunciarse al respecto.
En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Artadi ha recordado que Paluzie lo anunció en una entrevista, asegurando que la propuesta estaba en fase embrionaria, pero que de momento no les han trasladado nada: "No tenemos más detalles. Veremos qué quiere decir exactamente, qué quiere decir Paro de País". La consejera de Presidencia ha defendido que "el grado de violencia policial del 1-O provocará que haya pluralidad, que las manifestaciones sean diferentes" según el municipio y el colegio electoral de aquella jornada.
No parece que la distensión planeada por el Gobierno de Sánchez vaya a dar los frutos previstos por el momento. La misma Artadi que espera un día de paros total el 1-O ha considera anecdótico que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la intención de reunir el Consejo de Ministros en Barcelona y en Andalucía: "Que vengan a reunirse, son bienvenidos, solo faltaría", aunque lo ha considera mera imagen y algo simbólico. Lo interesante es "qué decisiones se toman, así que se reúnan donde crean oportuno".
Artadi ha insistido en que "la amplia mayoría de la sociedad catalana está a favor del derecho a decidir", y en que el Gobierno central debería estar en sintonía con esta demanda, que la propia Generalitat trasladó a Sánchez en la reunión con Torra de julio.
También ha asegurado que una mayoría en Cataluña "está en contra de la represión y de que haya dirigentes en la cárcel", y ha insistido en pedir al Gobierno que, si realmente apuesta por buscar una solución política a la situación de Cataluña, lo demuestre con hechos.