En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que el ciudadano, "cuando se dirige a cualquier administración, desconoce cuál es el trámite legal adecuado, y, en su caso, lo único que hace es cumplimentar los trámites que desde la propia administración le exigen", unas conductas que a su juicio son "difícilmente calificables de delictivas".
Navarro Osorno fue imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción por haber remitido un escrito en enero de 2008 a la Delegación de Empleo en Sevilla solicitando un anticipo de 1.800 euros para cada trabajador de Calderinox hasta que el Juzgado de lo Mercantil autorizase el ERE, "conociendo y posibilitando que se abonaran con fondos públicos de la Junta y fuera del cauce legalmente establecido, salarios devengados y reclamados ante la jurisdicción social y mercantil".
Asimismo, el Ministerio Público solicitó la imputación del presidente del comité de empresa de Calderinox por haber participado en las negociaciones para la contratación y pago de la póliza de rentas con fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno.
La juez considera que, de las declaraciones realizadas, "se desprende que ante la situación desesperada en la que se encontraban los trabajadores de Calderinox (llevaban varios meses sin cobrar sus salarios, con una empresa cuyos dueños la habían abandonado sin cumplir ninguna formalidad, llevándose toda la documentación y desapareciendo), son los propios trabajadores quienes para defender sus intereses deciden pedir ayuda tanto legal como económica a todas las instancias posibles a su alcance".
De esta forma, la instructora dice que "son los trabajadores quienes contratan y pagan la asistencia legal para instar el concurso necesario ante el Juzgado de lo Mercantil, contratando un gabinete legal para ello", y también quienes "tramitan sus propios desempleos y reclamaciones al Fogasa, abonando puntualmente las correspondientes minutas de honorarios a la asesoría jurídica de CCOO".
Asimismo, "son los trabajadores quienes acuerdan en asamblea solicitar a las entidades públicas todas las ayudas posibles", afirma la juez, que precisa que, entre estas ayudas, los trabajadores de Calderinox acordaron solicitar a la Junta "un anticipo de 1.800 euros para cada trabajador" de la empresa "hasta que el Juzgado de lo Mercantil autorizase el expediente de regulación".
"LO ÚNICO QUE HACE ES REMITIR LA SOLICITUD"
La juez indica que Francisco Navarro Osorno, como presidente del comité de empresa, "lo único que hace es remitir la solicitud, que formula el comité de empresa, en ejecución del acuerdo de todos los trabajadores".
"La decisión corresponde a los trabajadores. ¿Conocían estos, o el comité, o su presidente, que el cauce para su concesión no era el adecuado? Realmente, de las diligencias practicadas se desprende todo lo contrario", concluye la magistrada.
En relación a la posible participación en la contratación de la póliza, la juez asevera que, de las diligencias practicadas, declaraciones y documental obrante en las actuaciones, "lo que se constata es que Navarro Osorno, tras la aprobación del ERE por el Juzgado de lo Mercantil, cesa en su relación laboral y en su cargo de presidente del comité, que desaparece en 2008".
Al hilo, agrega que las resoluciones concediendo la ayuda, la póliza y suplemento "son muy posteriores en el tiempo, sin que conste, ni aquí ni en otros casos, participación o decisión alguna de los trabajadores, ni de sus representantes, en la elección de la entidad aseguradora ni en quienes deben incluirse en las pólizas, si bien lo único que se realiza es una labor para garantizar el mantenimiento de los derechos futuros de los prejubilados".