El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad, aunque con la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado, a 10 del total de 17 detenidos en la operación realizada el pasado martes por la Guardia Civil por un presunto fraude cometido por Petromiralles, han informado fuentes jurídicas.
El resto de implicados, entre los que se encuentran los propietarios de la empresa de Josep Maria y Pere Torrens Ferrer, comparecerán mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que les imputa inicialmente delitos de pertenencia a organización criminal, delito fiscal, maquinación para alterar el precio de los bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Las medidas cautelares de comparecencia quincenal, además de la retirada del pasaporte de dos de los detenidos en esta operación que han comparecido este jueves, han sido impuestas por el juez Velasco a pesar de no haber sido solicitadas por la Fiscalía, que se ha limitado a pedir su libertad, según las mismas fuentes.
La investigación de esta trama se inició desde el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona y la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona, aunque finalmente ha recaído en la Audiencia Nacional al extenderse a otros puntos de España.
Petromiralles, empresa petrolera independiente propiedad de los hermanos Josep Maria y Pere Torrens Ferrer, se creó en 1995 dedicada a la gestión de estaciones de servicio y a la distribución de combustibles a domicilio. Llegó agrupar a diferentes empresas en 2010 creando el holding Petromiralles Group S.L., y cuya dirección es compartida entre los dos hermanos.
ALCALDE DE CIU
Josep Maria Torrens, que declarará mañana junto a su hermano, es el alcalde de la pequeña localidad de Santa Maria de Miralles, con 130 habitantes. Escondía en su casa una arma y abundante munición según se ha detectado en uno de los registros practicados tras su detención en el marco de la operación
Según los investigadores, en el marco de la operación que ha desmantelado una trama dedicada al fraude del IVA en el sector de los carburantes que llegó a defraudar en torno a 270.000 euros al día y enviaban el dinero a Hong Kong como primera escala del blanqueo que luego se expandía también a otros países.
El país asiático era su destino principal y en muchas ocasiones trasladaban el dinero en metálico guardado en maletines y otras veces por transacciones.
Aunque el núcleo principal de la trama se asentaba en Cataluña, el dinero siempre se sacaba de cajeros en Sevilla y luego se escondía en pisos de la capital andaluza en cajas fuertes ocultas tras los cuadros o lavabos, según la Guardia Civil.
Por lo general los responsables de la trama se desplazaban allí en avión, pero cuando tenían que trasladar el dinero viajaban en AVE para llamar menos la atención en los controles de la estación (menos exhaustivos que los de un aeropuerto). Además así trataban de no levantar sospechas de la conexión entre los testaferros en Andalucía y la matriz catalana.
En Cataluña la organización poseía una amplía red de gasolineras con las que controlaba todos los niveles que conforman este mercado. Contaban con un bróker internacional ubicado en Suiza encargado de adquirir el hidrocarburo. Otra empresa se encargaba de introducirla en España y una segunda empresa actuaba como receptora del producto en territorio nacional y se encargaba de distribuir el hidrocarburo.
Al no pagar los impuestos correspondientes la organización podía ofertar el producto a precios muy competitivos, acaparando el mercado de hidrocarburos en aquellos territorios donde la estructura criminal se iba implantando. Las empresas pantalla que conformaban esta estructura desaparecían antes de que la Administración pudiese reclamarles el pago de los impuestos.