Este convenio, que ha sido suscrito por la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, y el decano de CORPME, Gonzalo Aguilera, permite a la ORGA revisar los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles para que evitar "actuaciones gravosas para las arcas públicas", según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Con esta información, la Oficina podrá proponer a los distintos órganos judiciales las medidas que resulten más adecuadas para una óptima gestión de los bienes con las máximas garantías para los nuevos adjudicatarios.
La ORGA tendrá que acreditar siempre su solicitud de acceso en el marco de un procedimiento penal o a instancia de la Fiscalía en diligencias de investigación, cooperación jurídica internacional, decomiso autónomo u otras actuaciones previstas en la legislación. Esta petición se podrá efectuar de forma telemática todos los días de la semana, durante las 24 horas del día.
Este convenido tendrá cuatro años de duración prorrogables y no supone incremento alguno del gasto público ya que no se cobrarán honorarios o aranceles por las informaciones solicitadas por la ORGA, según ha precisado el departamento que dirige el ministro Rafael Catalá. Asimismo, dos representantes de cada una de las partes que han suscrito el acuerdo conformarán una comisión de seguimiento para velar por su correcto desarrollo.