En las conclusiones del informe de la OCUA, los investigadores llegan a raíz del análisis de las conversaciones interceptadas a la exedil María José Alcón, de la práctica de otras gestiones relativas a la solicitud y análisis de distintas cuentas bancarias más la información contenida en un escrito anónimo dirigido a la Fiscalía.
Revelan que la secretaria del grupo popular municipal en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, habría repartido 50.000 euros de procedencia desconocida, entre 50 de sus componentes para que estas personas realizaran ingresos fraccionados en 1.000 euros cada uno en la cuenta del grupo en concepto de "aportaciones".
En las conversaciones sustraídas de los pinchazos telefónicos autorizados judicialmente, aparece la exconcejala del PP María José Alcón contándole a su hijo: "Han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500, dinero negro (...) Y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta, o sea, para blanquear dinero vamos, corrupción política total, pero bueno"