La vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, ha afirmado en una carta a la presidenta del Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros (CSITAL), Maria Petra Sáiz, que no pretende dar instrucciones a los secretarios de ayuntamiento de cara a la consulta del 9 de noviembre para que se salten la "legalidad aplicable", como tampoco pretende saltársela ella misma.
"Tal como ha hecho y hará la Consejería de Gobernación y Relaciones Institucionales, las actuaciones a desarrollar han de adecuarse en todo momento a la legalidad aplicable", afirma, y asegura que ya está trabajando en esta línea, dice en la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Se muestra totalmente respetuosa con la autonomía local y las funciones que la normativa atribuye a secretarios municipales e interventores, y que por ese mismo respeto no se puede "arrogar la competencia de dar instrucciones sobre sus actuaciones".
La carta, con fecha 7 de octubre, responde a una pregunta previa de la presidenta del CSITAL en la que se refería a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la Ley de Consultas No Refrendarias y del decreto de convocatoria de la votación del 9 de noviembre, que establece funciones en que deben colaborar los gobiernos locales, "que forman parte del sistema institucional de la Generalitat", recuerda Ortega.
La vicepresidenta defiende que su ejecutivo está llevando a cabo "todas las iniciativas legalmente oportunas para hacer viable que el 9 de noviembre se pueda realizar la consulta inicialmente convocada" y que, para hacerlo con seguridad jurídica, los ayuntamientos deben desempeñar un papel esencial.
Tras remarcar la importancia que da el gobierno catalán a la colaboración con los ayuntamientos, la vicepresidenta remarca que su departamento está desarrollando las actuaciones oportunas para que la consulta se pueda realizar en la fecha prevista "y de acuerdo con la normativa vigente".