El Parlament ha acordado este miércoles por unanimidad admitir a trámite el proyecto de ley del Govern de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de viviendas provenientes de desahucios, una norma que ya se aprobó en abril en formato decreto ley y que ahora se abrirá a las enmiendas de los grupos.
La norma establece de entrada que la Generalitat y los ayuntamientos tendrán hasta 2021 un derecho de tanteo y de retracto en las operaciones de venta de todos los pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias o daciones en pago hechas después de abril de 2008 en los 72 municipios catalanes donde hay demanda acreditada y un alto riesgo de exclusión social.
Así, podrán actuar "ante dinámicas de especulación inmobiliaria en operaciones entre entidades financieras y posibles grupos inversores mundiales que quieran aprovechar esta coyuntura", con un instrumento que les permitirá proteger a los ciudadanos con problemas para pagar su hipoteca o alquiler.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, --que en abril defendió esta norma con un "instrumento potente" y recordó el compromiso de incrementar en un 10% en dos años el actual parque público de viviendas-- ha reivindicado que el Parlament es la primera Cámara autonómica en adoptar una medida de estas características en España.
Ha explicado que desde la aprobación del decreto a finales de abril se ha comunicado a la Generalitat la existencia de 2.000 casos en los que puede ejercer este derecho de tanteo sobre las viviendas vacías, y ha avanzado que en muchos casos lo harán de la misma forma que se ha hecho en Salt (Girona).
Meritxell Roigé (CiU) ha aplaudido que la ley sirva para hacer frente a la especulación con viviendas desahuciadas permitiendo a las instituciones públicas hacerse con ellas antes de que puedan destinarse a fondos internacionales.
El diputado de ERC Pere Bosch ha confiado en que la norma sirva para acabar con la paradoja de que en Cataluña existan pisos vacíos mientras sigue habiendo personas que no tienen garantizado el derecho a la vivienda.
Salvador Milà (ICV-EUiA) ha advertido de la necesidad de que en el trámite parlamentario se blinde la ley para salvarla de posibles impugnaciones del Tribunal Constitucional (TC), y ha recordado que los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular para evitar desahucios y cortes de suministros entregaron hace una semana 143.380 firmas al Parlament.
También el secretario general de C's, Matías Alonso, se ha mostrado partidario a la tramitación de la norma para poder mejorarla durante el debate en comisión.
"LA ERA COLAU"
José Antonio Coto (PP) ha cargado contra el Govern por plantear una ley para comprar nuevas viviendas vacías cuando la Generalitat tiene 1.200 pisos vacíos, y ha considerado la norma como "la primera ley de la era Colau", en alusión a la candidata a la Alcaldía de Barcelona por BComú y exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Desde la CUP, David Fernández, ha considerado que el redactado original de la norma es "insuficiente y absolutamente limitado", y ha advertido de que la legislación llega tarde porque los 'fondos buitre' ya han llegado a Cataluña y se están haciendo con viviendas que eran de Catalunya Caixa.