El órgano gestor del Parlament ha pedido al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre el decreto que evalúe su constitucionalidad, un informe en base al cual los grupos parlamentarios pueden solicitar el recurso de inconstitucionalidad si la mayoría del pleno del Parlament lo apoya.
El decreto repercute en la tarifa del gas de los ciudadanos durante los próximos 30 años los 1.350 millones de indemnización a las empresas impulsoras del proyecto, que fue suspendido tras detectarse que la plataforma de almacenamiento gasista fue la responsable de varios terremotos en la costa de Tarragona y la de Castellón.
Este jueves, el Parlament ya aprobó con los votos de todos los partidos menos el PP una moción de ICV-EUiA que instaba al Govern a presentar un recurso ante el TC por este mismo decreto.
La moción también pedía paralizar el pago de los 1.350 millones de euros alegando que las empresas impulsoras no ha presentado los informes necesarios ni se han depurado responsabilidades sobre la suspensión del proyecto, pero precisamente este jueves ha trascendido que ACS ya ha cobrado el dinero.