Así lo ha hecho al aprobar en la sesión plenaria de este jueves, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, una proposición no de ley socialista en la que también se insta al Consejo de Gobierno de la Junta a adoptar cuantas acciones sean necesarias para defender la autonomía local de los ayuntamientos andaluces y la "propia autonomía de Andalucía ante la agresión que representa la posible aprobación del Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local".
Entre las demandas al Gobierno central, la Cámara autonómica incluye que, además de la retirada del proyecto de Ley, se inicie una ronda de contactos para elaborar otro texto que tenga el consenso tanto de las autonomías, como de la Federación de Municipios y Provincias y el conjunto de grupos políticos que conforman el Congreso de los Diputados y los principales agentes sociales y económicos de nuestro país.
Por último, se ha instado al Ejecutivo central a que la nueva Reforma Local "respete en todo momento las competencias reguladas por el Estatuto de Andalucía" y dé respuesta a las "principales demandas de la ciudadanía: atender las auténticas necesidades de financiación de las entidades locales, clarificar sus competencias, adaptarlos ayuntamientos a las nuevas necesidades de la sociedad (participación ciudadana, transparencia y buen gobierno), y convertir a estos en potentes instrumentos de dinamización económica para la creación de empleo y nuevas oportunidades en el territorio".
Según ha defendido la diputada socialista Clara Aguilera en el debate de la iniciativa --que ha sido seguido en la Cámara autonómica por alcaldes y alcaldesas socialistas de todas las provincias andaluzas y que ha requerido la intervención del presidente de la Cámara en varias ocasiones para pedir silencio por el tenso debate entre los grupos--, el rechazo del PSOE-A al "proyecto estrellado" y aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio responde a que "vulnera el Estatuto de Autonomía para Andalucía al menos en 15 artículos" y "desmantela el modelo institucional de la Administración local, que pierde, en buena medida, su carácter de gobierno local y su propia autonomía".
Aguilera ha asegurado que, de este modo, el Gobierno de la Nación pretende "imponer un modelo de Estado que nace de una opción ideológica de claro centralismo" que, aprovechando el contexto de crisis económica, "se disfraza de ahorro". "Que el proyecto hable de racionalización y sostenibilidad, al hilo de las exigencia de estabilidad presupuestaria marcada por la Unión Europea, oculta los verdaderos objetivos de esta norma", que, para los socialistas, son la reforma "de las dos leyes fundamentales que configuran el ordenamiento jurídico local español: la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Aguilera ha asegurado que hoy día los 771 alcaldes de la comunidad están "expectante" ante lo que pueda pasar con este proyecto de Ley que sólo busca la "recentralización" y "convertirlos en simples ejecutores a las órdenes del Gobierno de España cuando son una parte del Estado".
No en vano, ha argumentado, el Ejecutivo central quiere reforzar el control e incidencia del Estado en los ayuntamientos y entes de naturaleza municipal, eliminar la rentabilidad social de los servicios públicos municipales fomentando la privatización de los mismos o el "deterioro de la calidad democrática en el ámbito local como consecuencia de la pérdida de proximidad, representatividad y dación de cuentas del poder político o decisorio". También busca, según ha subrayado Aguilera, que las corporaciones locales pierdan competencias en cuestiones tan relevantes como los servicios sociales, educativos o sanitarios.
"Nada dice esta reforma local de nuevos mecanismos de participación y control ciudadano sobre la gestión municipal, es un paso para que la ciudadanía se quede sin interlocutores públicos para la resolución de sus problemas inmediatos y diarios, ni apunta la necesidad de establecer medidas en favor de gobiernos más abiertos y transparentes", ha insistido.
Para la socialista,, la futura Ley de Reforma Local del Gobierno de España "saca a concurso, en la práctica, la gestión de todos los ayuntamientos de España"; de ahí que haya pedido al PP-A su voto si "quieren defender la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos".
Por su parte, el portavoz de IULV-CA Juan Serrano ha recordado al Gobierno que aprobará una reforma "sin apoyos" e incluso con el rechazo de "alcaldes populares". Y todo, ha dicho, con el único objetivo de hacer como con la Reforma Laboral, "atacando y acabando con los derechos fundamentales de los trabajadores aplicando una salvaje reforma que se llevará por delante nuestros más preciados derechos sociales".
En su opinión, la reforma también pretende acabar con "el patrimonio andaluz" y "fusionar" ayuntamientos para que, como en la época franquista, "disminuyan los núcleos poblacionales" de la comunidad.
Sobre los servicios públicos y sociales, Serrano ha puesto el acento en que "el Gobierno del PP le piensa retirar la ayuda que tenían aprobadas por la ley hasta a los dependientes, a los que abandonarán a su suerte cuando se han convertido en el principal sustento de sus familias con su pensión, que también se las han recortado a pesar de que les prometieron que no se las iban a recortar". Ante ello, según ha resumido, IULV-CA no va a permitir que sigan "empeñados en jodernos la existencia". "Por encima de eso está la autonomía de nuestro pueblo y no vamos a consentir que nos pisoteen", ha apostillado.
PP-A DEFIENDE LA LEY DEL GOBIERNO
Frente a estos discursos de los partidos que conforman el Gobierno andaluz, la diputada 'popular' Carolina González-Vigo ha comenzado su intervención criticando a Aguilera y a Serrano por "no dejar de mentir desde que se han subido a la tribuna hasta que han bajado" y por su "demagogia e inmovilismo".
La 'popular', que ha insistido en que sendos parlamentarios han hablado de "todo" menos de lo que pone la ley --razón por la que los ha invitado a "leer" la totalidad del proyecto-- y que han "faltado a la verdad tirando de argumentario", ha asegurado que la reforma del Ejecutivo de Rajoy, en contra de los que dicen PSOE-A e IULV-CA, "sí clarifica y define las competencias para garantizar los servicios básicos de todos y cada uno de los municipios".
Además, ha recalcado que "también garantiza una cosa que a la Junta le da pavor: la financiación de la prestación de esos servicios públicos y que la Junta no paga". En esa línea, ha dicho comprender que a los partidos que conforman el Gobierno andaluz "les incomode" que el PP "intente gestionar los recursos públicos porque, en Andalucía, lo que han hecho es utilizar como recursos propios los recursos públicos"; de ahí, ha apostillado, que se haya producido el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
González-Vigo ha negado que la reforma local del Gobierno privatice servicios y ha subrayado que es en Andalucía donde "el 70 por ciento de los centros de día de la Junta están privatizados o concertados". "¿De qué hablan ustedes?", ha preguntado antes de lamentar que "los socialcomunistas hacen exactamente lo contrario a lo que dicen" pero de forma más grave, "poniendo en riesgo la salud de la gente y los servicios sociales para los más necesitados porque le deben mucho dinero a todo el mundo".