El Parlamento vasco ha aprobado este martes la ley vasca que regula la custodia compartida y establece que cada uno de los progenitores, por separado o de común acuerdo, podrán solicitar al juez la custodia compartida, sin que la oposición de uno de ellos sea obstáculo para no otorgarla.
La Federación de Euskadi de madres y padres separados-Kidetza llevó a la Cámara vasca durante la legislatura anterior, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más de 85.000 firmas para impulsar una ley de corresponsabilidad parental y relaciones familiares en casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a su cargo o parejas sin hijos, conocida por ley de custodia compartida.
Tras más de tres años de tramitación parlamentaria, el grueso de la Ley se ha aprobado este martes con el respaldo de PNV, PP y UPyD, la abstención del PSE --aunque en algunos artículos han votado puntualmente en contra--- y el voto contrario de EH Bildu.
La futura ley que regulará la custodia compartida en Euskadi lleva como título ley de corresponsabilidad parental y relaciones familiares en casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a su cargo o parejas sin hijos.
En su artículo octavo establece que cada uno de los progenitores por separado o de común acuerdo, podrá solicitar al juez, en interés de los hijos, que la guarda y custodia de los hijos menores o incapacitados sea ejercida de forma compartida o por uno solo de ellos.
Además, detalla que la oposición a la custodia compartida de uno de los progenitores o las malas relaciones entre ambos, "no será obstáculo ni motivo suficiente para no otorgar la custodia compartida en interés del menor". De esta forma, el juez, "a petición de parte", adoptará la custodia compartida "siempre que no sea perjudicial para el interés de los menores".
USO DE LA VIVIENDA
Respecto al uso de la vivienda, el juez atribuirá su uso teniendo encuentra "lo que sea más conveniente para el interés superior de los hijos, los criterios de necesidad de los progenitores y la titularidad de la vivienda".
En este sentido, otorgará el uso de la vivienda familiar "preferentemente" al progenitor al que le corresponda la custodia de los hijos, aunque podrá atribuirla al progenitor que sin tener la custodia, "tuviera mayores dificultades de acceso a otra vivienda", siempre que el otro tenga "medios suficientes" para cubrir la necesidad de vivienda de los hijos y fuera "compatible con el interés del menor".
No obstante, la norma precisa que la atribución de la vivienda por "razones de necesidad" se hará con carácter temporal y por un máximo de dos años, aunque este plazo es susceptible de prórroga si se mantienen las circunstancias de la persona.
En el pleno de este martes, se ha aprobado una enmienda de transacción que hace referencia a retroactividad de la ley. Respaldada por PNV, PP y UPyD, establece que la ley será de aplicación a la revisión judicial de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas con anterioridad a su entrada en vigor, "cuando alguna de las partes o el Ministerio Fiscal soliciten la aplicación de esta norma y el Juez estime que se dan las circunstancias recogidas en la misma".
EL DEBATE
La parlamentaria del PNV Amaia Arregi ha defendido que "los menores tienen derecho, tras una ruptura sentimental, de pasar el máximo tiempo posible tanto con su madre como con su padre", por lo que ha asegurado que no ven un tipo de custodia "mejor" que la compartida para que esto se pueda "asegurar". En este sentido, ha considerado que la aprobación de esta nueva ley supone "un paso adelante" porque elimina el "veto" que antes podrían poner uno de los dos progenitores al rechazar esta opción.
La parlamentaria del PSE Carmen Gallastegi ha afirmado que hasta ahora, se estaban dando custodias compartidas "casi de oficio", y cree que la nueva norma va a "traer problemas", por lo que ha abogado por "individualizar las situaciones, lo que no significa que un progenitor tenga más derechos que otro".
Por ello, ha anunciado que la posición "global" de los socialistas con esta ley es la abstención aunque han votado en contra de determinados aspectos de la nueva norma porque a pesar de que creen que la ley que ha mejorado a lo largo de la tramitación parlamentaria, "no es suficiente para que pueda lograr nuestro aval".
Desde EH Bildu, Carolina Urrea ha insistido en la importancia de "anteponer los intereses de los menores a las de los progenitores" y a "no imponer un tipo de guardia y custodia porque cada familia y menor es un mundo". Por ello, ha explicado que la coalición no está "ni a favor ni en contra" de la custodia compartida pero cree que esta nueva norma, pretende defender "los intereses de los progenitores" y ve necesario que se haga un "traje a medida para cada caso".
La parlamentaria del PP Laura Garrido ha destacado que esta ley era "ampliamente demandada por asociaciones, colectivos y la sociedad en general" porque cree que la custodia compartida "es la opción que más se adecua a la realidad social".
Además, ha asegurado que la nueva norma es "absolutamente garantista y toda ella pivota en salvaguardar el interés del menor, como no podía ser de otra manera". "Para nosotros es la acción que mejor salvaguarda a los menores para que no sean utilizados como moneda de cambio en todos estos procesos", ha indicado.
Finalmente, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha recordado que "cuatro años después de que llegara a este Parlamento la ILP, se ha aprobado este martes la "ley vasca de custodia compartida" para defender a continuación que este régimen de custodia "respeta mejor el principio de igualdad entre mujeres y hombres, elimina las dinámicas de ganadores y perdedores, favorece la coparentalidad y la colaboración en los aspectos afectivos, educativos y económicos". "La reivindicación y defensa de la custodia compartida es de puro sentido común y de justicia", ha insistido.
En declaraciones a los medios de comunicación, Kidetza se ha felicitado por la aprobación de la nueva ley porque se trata de una norma de "enorme calado social y democrático" ya que "viene a dar respuesta a la problemática de unas 50.000 personas vascas que sufren anualmente las consecuencias de las rupturas de parejas". Asimismo, ha destacado que gracias a esta nueva norma se dota al País vasco de una normativa propia que le permita dar una "atención integral" a las rupturas de las parejas con hijos.