El Parlamento vasco ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley del PSE para la modificación de la Ley de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias que fija sanciones para las empresas que no cumplan obligaciones lingüísticas, como atender y rotular en las dos lenguas oficiales de Euskadi.
La propuesta presentada por el grupo socialista, que plantea la supresión de los mecanismos sancionadores, ha sido respaldada por PSE, PP y UPyD, mientras que el resto de formaciones se ha posicionado en contra. Con la toma en consideración, la Cámara iniciará el trámite correspondiente para que los distintos grupos planteen sus propuestas al respecto.
Las multas para las empresas que no cumplan obligaciones lingüísticas, como atender y rotular en las dos lenguas oficiales de Euskadi, aparecen contempladas en la Ley de 2003 sobre el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, que fija sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros. Posteriormente, un decreto aprobado en 2008 por Ibarretxe desarrollaba la citada ley y fijaba los plazos y las características de las empresas afectadas por la norma.
El parlamentario del PSE, Vicente Reyes ha criticado que el anterior Gobierno del PNV "rompiera el consenso" lingüístico y ha reclamado la "libre adhesión, rechazando la imposición". "La administración no tiene que usurpar las decisiones que corresponden a los empresarios", ha defendido.
Asimismo, ha rechazado entrar en declaraciones "incendiarias" del PNV al considerar que "está llamando a la guerra lingüística" y ha advertido de que si no entiende su postura es porque su ánimo es "sectario e impositivo". "Lo que busca es imponer", ha insistido.
El parlamentario del PP Iñaki Oyarzabal ha expresado su apoyo a la iniciativa al considerar que modificar esta ley es "una necesidad" y una reclamación que el PP incluyó en el Acuerdo de bases para el Cambio. "Las políticas impositivas son contraproducentes y suponen un retroceso porque pueden provocar el rechazo de la ciudadanía", ha indicado antes de advertir que el PP, aunque favorable a la toma de consideración, mantiene discrepancias con el texto presentado por el PSE.
Asimismo, ha criticado a los grupos que mantiene una oposición a esta modificación para afirmar que "se siguen amparando en falacias y posiciones que mantienen determinados grupos de talibanes del euskera que son absolutamente una rémora para este país". "¿Quienes son los de Kontseilua?; ¿qué legitimidad tienen ellos que viven del dinero público?; Son un grupo que vive del euskera y perjudica gravemente la convivencia lingüística en este país", ha defendido.
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, por su parte, ha calificado de "triste" que el Gobierno diga que está a favor de la iniciativa porque "son contraproducentes las imposiciones de la lengua" cuando "debería haber defendido principios como que estas multas vulneran los derechos ciudadanos".
TURNO EN CONTRA
La parlamentaria del PNV Garbiñe Mendizabal ha defendido que quienes impulsan esta modificación, "hablan de un problema que no existe porque hasta ahora no ha habido ninguna sanción", y ha explicado que el debate no es si poner o no sanciones, sino si se tiene que proteger los derechos lingüísticos de las personas consumidoras. "Darán un paso atrás si se aprueba esta modificación de ley", ha advertido.
Desde EA, Juanjo Agirrezabala, ha acusado al PSE de no consensuar esta propuesta "con nadie" y ha precisado que el texto no obliga a que los comerciantes hablen en lengua vasca sino que si el cliente habla en euskera, se le pueda atender en este idioma. "Es un retroceso muy claro y grave que en ningún caso, ayuda a la convivencia de las lenguas", ha lamentado.
Agirrezabala se ha dirigido a Oyarzábal para preguntarle "si se ayuda a la convivencia, cuando define de antemano que quienes plantean la defensa de los derechos lingüísticos somos unos talibanes".
Por último, el parlamentario de EB Mikel Arana ha recordado que el objetivo de esta ley era que los clientes pudieran elegir una lengua u otra y ha indicado que si finalmente se consigue modificar esta legislación "dentro de un par de años tendremos que volver a cambiarlo". "Mis derechos siguen sin estar cubiertos", ha denunciado.
El parlamentario de Aralar Mikel Basabe no ha participado en el debate aunque ha utilizado el turno de explicación de voto para denunciar que la Constitución "impone a los ciudadanos conocer el castellano", por lo que ha lanzado al PSE "el reto de cambiar la Constitución para que no sea una obligación saber castellano", ya que "ahora sabemos que el texto se puede cambiar en una tarde", ha ironizado.