Sin embargo, la votación en el pleno del PE y la aprobación en el marco de toda la UE queda pendiente de la resolución de una cuestión formal entre la Eurocámara y los 27 Gobiernos comunitarios.
La nueva norma obligará a los países miembros de la Unión Europea a aplicar unas sanciones mínimas a escala comunitaria a las personas físicas o jurídicas que contraten a personas en situación irregular.
En primer lugar, las empresas tendrán la responsabilidad de comprobar que las personas de países extracomunitarios que emplean tienen documentos en regla, y deben comunicar su contratación a las autoridades.
Las sanciones para quienes contraten a ilegales abarcan desde multas, en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador, hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años.
Además, el empresario tendrá que abonar una suma igual a la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador tuviese un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados.
Pero la directiva prevé también sanciones penales para los casos más graves: si el empresario es reincidente, si contrata a un gran número de personas en situación irregular, si explota a los inmigrantes, si la persona empleada es víctima del tráfico de seres humanos y su empleador lo sabe o si se trata de un menor.
"Los empleadores que den trabajo a personas sin papeles, a menudo en condiciones de vida y salariales lamentables, deberán rendir cuentas ante la justicia, incluso por la vía penal", destacó el ponente del informe en el PE, el socialista italiano Claudio Fava.
Si el empleador es un subcontratista, el contratista principal y los intermediarios serán considerados responsables, y su implicación será plena en caso de que se demuestre que estaban al corriente de la situación de ilegalidad de la empresa subcontratada.
Precisamente, el deseo de la Eurocámara de que no se descarte ampliar en el futuro las sanciones dentro de la cadena de subcontratistas es lo que dejó pendiente la aprobación formal de la medida.
Para quienes contratan a personas sin papeles como empleados del hogar, el texto prevé "sanciones financieras reducidas" siempre que no se trate de casos de explotación.
A fin de garantizar el respeto a esta normativa, las autoridades nacionales deberán asegurar un sistema de inspecciones "efectivo y adecuado".
Los trabajadores irregulares detectados podrán disfrutar de un período de estancia temporal hasta que reciban los atrasos e indemnizaciones correspondientes, aunque luego serán repatriados.
Fava destacó que esta norma equilibra "la sensibilidad" de la discutida directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada el año pasado por la UE entre protestas de partidos de izquierda, organizaciones no gubernamentales y gobiernos de países en desarrollo.
El objetivo era lograr una norma "que no castigara más a los inmigrantes" tras la directiva de retorno, afirmó Fava en una conferencia de prensa.
Los países comunitarios tendrán un plazo de dos años para trasponer esta directiva en su legislación nacional.
Se calcula que en los 27 países de la Unión Europea hay entre 4 y 8 millones de inmigrantes indocumentados.
Esta directiva forma parte de un conjunto de medidas planteadas recientemente por la UE para promover la inmigración legal, como la ya aprobada "tarjeta azul" para atraer a trabajadores muy cualificados o la propuesta para que los inmigrantes legales tengan derechos similares en toda la Unión.
Varias ONG, entre ellas la Red Europea contra el Racismo y la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre los Trabajadores Migrantes, considera que la norma tiene claroscuros, aunque valoró que los ilegales reciban los salarios atrasados, así como la posibilidad de que denuncien abusos a través de terceros, como sindicatos.
Sin embargo, advirtieron de que los beneficios que pueden obtener los empresarios sin escrúpulos al dar trabajo a inmigrantes irregulares siguen superando a los riesgos legales que afrontan.