Ambas iniciativas, relacionadas con el mundo de la automoción, recibieron cerca de 60 millones de euros de fondos públicos a través de ayudas y avales. A pesar de este apoyo, los dos proyectos fracasaron y el máximo responsable de 'Epsilon', Joan Villadelprat, ha sido condenado por una "salida fraudulenta de activos".
La comisión de investigación constituida en el Parlamento vasco para investigar las ayudas públicas concedidas a estos proyectos ya aprobó el dictamen en torno a este asunto el pasado mes de julio, aunque ahora el pleno de la Cámara ha dado el visto bueno definitivo al texto. El informe ha sido apoyado por EH Bildu, PSE-EE, PP y UPyD, mientras que el PNV ha votado en contra.
El dictamen constata la existencia de "irregularidades" en las ayudas concedidas a Epsilon. Además, apunta a la existencia de "responsabilidades" políticas en las personas que formaban parte del Consejo de Promoción Económica que, en su sesión número 11, de 28 de septiembre de 2007, durante la última legislatura de Juan José Ibarretxe, declararon a Epsilon como "proyecto estratégico".
Los grupos parlamentarios EH Bildu y UPyD han lamentado que, finalmente, no se haya aceptado su propuesta de citar a estas personas con nombres y apellidos. AVAL
El dictamen también considera que hay responsabilidades políticas en las personas que formaban parte del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Álava que en marzo de 2009 expresaron su conformidad con las operaciones "de cesión de rango hipotecario".
A través de estas operaciones, el Parque avaló unos créditos solicitados por 'Epsilon' para la construcción de sus instalaciones en dicho recinto. A raíz del fracaso del proyecto empresarial, el Gobierno vasco se vio obligado a 16,3 millones de euros a las entidades financieras que habían concedido el préstamo a la empresa.
En el caso de 'Hiriko', el dictamen indica que "la dirección de SPRI ha tenido una responsabilidad 'in vigilando'" ante lo ocurrido, debido a la inexistencia de "un deber de exigencia de auténticos y coherentes planes de viabilidad" y dice que el Gobierno vasco "careció de visión estratégica, al no haber apreciado los riesgos" que implicaba la concesión de ayudas.
"MANIPULACIÓN Y PERVERSIÓN"
El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha justificado el rechazo de su grupo al dictamen debido a que el mismo recurre a "la manipulación y perversión de datos, documentos y frases". Además, ha lamentado que se haya apuntado a las supuestas "responsabilidades" de cargos institucionales del PNV la época del Gobierno de Juan José Ibarretxe, y que no se haya hecho lo mismo con los responsables del Gobierno del PSE que, a partir de 2012, también adoptaron decisiones respecto a estos proyectos.
Desde EH Bildu, Igor López de Munain ha denunciado que tanto 'Epsilon' como 'Hiriko' eran proyectos "sin viabilidad alguna", cuyo único objetivo era "captar millones de euros de fondos públicos". A su juicio, estas iniciativas fueron desarrolladas por "élites extractoras de dinero público" y "cercanas al PNV".
El parlamentario del PSE-EE Vicente Reyes ha asegurado que su partido será "intransigente" contra la "corrupción" y la "falta de transparencia" en la gestión de los fondos públicos, motivo por el que ha defendido el apoyo de su grupo al dictamen.
Por parte del PP, Carmelo Barrio ha considerado que estos proyectos carecían de "fundamento industrial, comercial y jurídico", y que resultaron "sendos fracasos empresariales sustentados casi exclusivamente en dinero público".
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha considerado que el dictamen "se queda corto", ya que es "demasiado suave y moderado". Al igual que EH Bildu, ha lamentado que no se cite a los "responsables políticos" de lo ocurrido "con nombres y apellidos".