Las propuestas de recursos, que cuentan con el dictamen favorable del Consejo de Estado, establecen que en algunos de los preceptos contenidos en estas dos leyes se ha producido una extralimitación competencial.
En concreto, en la Ley de Contratos del Sector Público se ha producido, según el Gobierno, una invasión de competencias por parte de la comunidad autónoma en lo que se refiere al procedimiento simplificado de adjudicación de contratos, que supone en la práctica la regulación de un procedimiento nuevo no previsto en la ley estatal de contratos del sector público.
En cuanto a la Ley de Patrimonio, la controversia se centra en la previsión contenida en su Disposición Adicional Sexta, que hace referencia a las fincas sin dueño conocido (bienes mostrencos). El Gobierno entiende que, si bien Aragón tiene competencia para legislar en su propio patrimonio, no puede modificar la legislación vigente sobre patrimonio de las administraciones públicas, al determinar que en el futuro no se incorporarán al patrimonio del Estado, sino al de la comunidad, los bienes inmuebles sin dueño conocido, algo que infringe la normativa básica estatal.