En los informes policiales figura que Resistencia Galega tenía aparatos de financiación, captación y falsificación propios de una organización terrorista.
Los abogados de los cuatro acusados han denunciado en declaraciones a Europa Press que el tribunal ha "vulnerado los derechos fundamentales" de sus clientes y les ha "obstaculizado" el ejercicio de la defensa.
Los letrados se han quejado de las repetidas interrupciones del presidente de la Sala, el magistrado Alfonso Guevara, y de que se les haya "impedido" presentar en la vista oral a dos peritos, catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Santiago de Compostela, que desmontarían el informe policial.
En el juicio, que quedará este miércoles visto para sentencia, el fiscal Marcelo de Azcárraga solicita para Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega 20 años de cárcel, y para Antón Santos Pérez y María Osorio López una pena de 12 años de prisión, por delitos de integración en organización terrorista y falsificación de documento oficial con finalidad terrorista, así como tenencia de aparatos explosivos en los casos de Vigo Domínguez y Rodríguez Fiallega.
Los cuatro acusados de integrar la organización independentista 'Resistencia Galega' negaron este lunes su pertenencia a la banda y sostuvieron que defienden los "cambios" sociales, pero por la vía "democrática".
CASI SEIS KILOS DE EXPLOSIVO
Según el escrito de acusación, los cuatro formaban parte de Resistencia Galega con el objetivo de subvertir "el orden constitucional" en esta comunidad autónoma, establecer "unas señas de identidad gallega" y reivindicar "la defensa de la tierra y el medio ambiente", para lo cual justificaban "el empleo de la violencia contra las personas y los bienes".
Según el relato policial, a las 8.15 horas del 30 de noviembre de 2011, Rodríguez Fiallega acordó una reunión con Vigo Domínguez en la confluencia de la calle Illas Canarias con la Gran Vía de Vigo, para entregarle tres termos metálicos de unos 25 centímetros de altura y 12,5 de diámetro en cuyo interior había 2.394, 1.744 y 1.860 gramos de explosivo, respectivamente.
Las pesquisas prosiguen con que tras recoger los artefactos, Vigo Domínguez emprendió un viaje en coche, aunque fue interceptado por la Policía Nacional sobre las 9.15 horas en el peaje de la autovía AP-9, en el municipio coruñés de Teo, próximo a Santiago de Compostela.
A los otros dos acusados, Santos Pérez y Osorio López, se les incautaron sendos ordenadores en los que guardaban fotografías de acciones violentas reivindicadas por el entorno independentista de Galicia, así como textos relacionados con la organización Assembleia da Mocidade Independentista (AMI).