Al pronunciar su alegato en el juicio que se sigue en la ciudad de Córdoba contra Videla y otros 30 acusados, el fiscal Maximiliano Hairabedián aseguró que el ex presidente de facto "ha confesado sus crímenes" durante este proceso y "asume la responsabilidad" de los delitos de lesa humanidad que se ventilan.
En este sentido, evaluó que "esa confesión tiene un gran peso probatorio", no sólo desde el punto de vista de la responsabilidad formal, sino también de la real.
"El Código Penal para el homicidio calificado, que es el delito más grave que se le atribuye, no prevé otra pena, es decir que no puede haber mucha materia de discusión en ese aspecto", dijo el fiscal a los jueces del Tribunal Federal 1 de Córdoba (centro del país).
Además, consideró "falaz" el argumento del dictador de que los hechos que se le imputan no cuadran en la figura de crímenes de lesa humanidad porque las víctimas no eran población civil sino combatientes.
Para la Fiscalía, "Videla tenía el dominio de los programas de exterminio y en otros casos tenía conocimiento de lo que ocurría" en las cárceles ilegales montadas en el país.
Tras la exposición de Hairabedián, el tribunal ordenó un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.
Videla, de 85 años y el primero de los cuatro presidentes de la última dictadura, está en el banquillo de los acusados junto al general Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 imputados por el fusilamiento en 1976 de una treintena de presos en una cárcel de Córdoba.
El juicio, iniciado el pasado 2 de julio y por el que desfilaron más de 100 testigos, destapó crudos relatos de la represión, aunque tanto Videla como Menéndez negaron su responsabilidad en los delitos juzgados.
Una vez concluido el proceso en los tribunales cordobeses, a finales de diciembre, Videla tendrá que afrontar otro en Santiago del Estero (norte del país) por el asesinato de un estudiante en 1976, otra de las múltiples causas que se le siguen por violaciones a los derechos humanos.
Menéndez, de 83 años y considerado uno de los símbolos de la represión, ha recibido cuatro condenas a prisión perpetua por secuestros, torturas y homicidios perpetrados en las provincias de Córdoba y Tucumán (noroeste), una de ellas por la desaparición en 1976 del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse.