La plataforma Actuable ha registrado en una semana en su página web más de 125.000 firmas para pedir la celebración de un referéndum que le dé la oportunidad a los ciudadanos de opinar sobre la reforma de la Constitución que el Congreso tiene previsto aprobar este viernes, con el objetivo de consagrar la estabilidad presupuestaria y limitar el déficit.
Los partidarios de la consulta están enviado a través de esta página web, especializada en el activismo 2.0, un mensaje a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado en el que muestran su rechazo a que se modifique la Constitución sin celebrarse previamente un plebiscito.
De esta forma, pretenden conseguir que al menos un 10 por ciento de los miembros de la Cámara Baja (35 diputados) o de la Cámara Alta (27 senadores) soliciten que la modificación, una vez sea aprobada por las Cortes previsiblemente este viernes, se someta a referéndum, tal y como establece la propia Constitución.
"Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española", señala el texto.
MILES DE FIRMAS EN POCAS HORAS
La iniciativa de recopilar las firmas a favor de la consulta a través de la plataforma Actuable, en la que en apenas dos horas se registraron los primeros 5.000 apoyos, ha sido promovida por Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
"El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad. Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa" explica Navarro en el texto que precede a la petición.
Según Navarro, "no se puede tomar una medida de tal naturaleza sin consultar a la ciudadanía española con un referéndum" ya que no se trata de una reforma "meramente técnica" para controlar el techo de gasto sino de una "profundamente política" encaminada a "diluir el estado de bienestar". Esto hace que, a su juicio, sea "importante" explicárselo a la ciudadanía ya que repercutirá en la calidad de los servicios públicos de España.