Además, solicitó una pena de doce años de prisión para José Manuel Ugartemendía, arrestado junto con Esquisábel en la misma operación.
El fiscal Olivier Bray también pidió para Esquisábel, que además "pertenecía al comité ejecutivo" (máximo órgano de decisión de la organización terrorista), el cumplimiento efectivo entre rejas de dos tercios de la pena y su expulsión definitiva de Francia.
Según las conclusiones de Bray, este hombre de 48 años que ha reconocido haber pasado a la lucha armada en 1997 formó parte del aparato internacional, del político y, de acuerdo con diversas pruebas, simultáneamente también del militar al menos desde 2002.
En cuanto a Ugartemendía, el representante del ministerio público reconoció que no podía decir con seguridad si estaba formalmente integrado en la estructura militar, pero sin duda lo enmarcó en el aparato político, y afirmó que "es evidente que (...) estaba muy cerca de la estructura de negociación".
A ese respecto, puso el acento en que este etarra de 50 años que ya ha sido condenado en Francia a tres años de cárcel por su implicación en la banda hasta marzo de 2003 frecuentaba activistas "de un cierto nivel", como el propio Esquisábel o el histórico dirigente José Antonio Urruticoetxea, "Josu Ternera".
El fiscal hizo un repaso de los elementos en que se sustentan los 28 cargos que se imputan a Esquisábel, entre los cuales figura en particular el de dirigente de una organización terrorista, e indicó que desde 2001 tenía acceso al comité ejecutivo.
Señaló en especial como pruebas de eso el testimonio del cantautor vascofrancés Peio Serbielle, quien lo identificó como uno de los que participaba en las reuniones de ese órgano que se celebraban en su casa, documentos que se le requisaron sobre cuestiones disciplinarias y otros en la contabilidad de la banda.
Precisamente, de esa contabilidad que guardaban en la casa donde fueron capturados en Salies de Béarn (suroeste de Francia) en octubre de 2004 el entonces jefe político, Mikel Albisu, y su compañera la encargada de la tesorería, María Soledad Iparraguirre, deriva también otras de las principales acusaciones, las de extorsión de fondos y financiación del terrorismo.
Bray recordó que fue justo en la época en que "Xerpa" estaba al frente del aparato militar cuando se produjo la transformación en su seno de la estructura de cobro del llamado "impuesto revolucionario" de Gezi en Gesa, de la que ejercía su supervisión.
Por eso, concluyó que "no hay dificultad para reconocer a Esquisábel como culpable de extorsión de fondos".
Tras hacer una historia de la organización terrorista, para lo cual se remontó al Tratado de los Pirineos de 1659 que dividió el País Vasco entre España y Francia, el fiscal dijo que "ETA son sobre todo resultados: 829 muertos, 3.000 heridos".
Desgranó las principales estructuras de la banda -"una organización extremadamente bien organizada"- y precisó que "el aparato político es para llenar la cabeza" de los activistas y garantizar su fidelidad, mientras el militar "es el dispositivo del terror" con misiones de reclutamiento, formación, logística o acción de los comandos que cometen los atentados.
Constató que "Francia es ante todo la retaguardia" de la banda y también que "la tregua sólo funciona en el territorio español", puesto que al norte de los Pirineos han continuado las operaciones para garantizar la clandestinidad.