El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha pedido a la Audiencia Provincial alavesa la apertura de juicio oral contra el exmiembro de la Ejecutiva alavesa del PNV Iñaki Tellería, y dos ertzainas por la supuesta trama de espionaje político. El Ministerio público solicita cuatro años de cárcel para cada uno de los imputados y reclama que los perjudicados sean indemnizados con un total de 342.000 euros.
En su escrito, el fiscal-jefe considera que los dos ertzainas, que pertenecían a la antigua Unidad de Información y Análisis en materia Antiterrorista en Álava, han cometido un delito continuado de violación de secretos, mientras que Tellería actuó como cooperador necesario. Uno de los agentes era el jefe del grupo y el otro dependía directamente de él.
El Ministerio público recuerda que Aitor Tellería Lanbarri, en el momento de los hechos, era miembro del ABB del PNV y, entre sus tareas, "estaba la de recibir, tratar y canalizar todas las informaciones anónimas o denuncias de tipo político" que llegasen a esta formación en territorio alavés.
En este sentido, asegura que los tres acusados, "puestos de común acuerdo en un momento indeterminado anterior a junio de 2008", decidieron que los dos agentes "prestarían servicios al señor Tellería consistentes en recabar información en su actividad policial para pasársela, o bien investigar la éste que les hiciese llegar".
De esta forma, según la Fiscalía, los ertzainas propusieron al miembro de la Ejecutiva alavesa del PNV "listas de personas con las que establecer contacto, mantener entrevistas con ellas, hacer seguimientos, utilizar la información o datos de carácter personal de terceras personas que se hallaban registrados en ficheros, soportes informáticos, archivos o registros propios de la Ertzaintza o de los que aquéllos tuvieran conocimiento por razón de su cargo y que no debían ser divulgados".
El escrito fiscal indica que los miembros de la Policía vasca transmitieron a Aitor Tellería cientos de documentos que "iban siendo destruidos o borrados" por éste de manera periódica. No obstante, en el registro que se realizó a su domicilio, se le ocupó el disco duro
externo con seis documentos en formato Word en el interior de una carpeta.
Éstos contenían datos, entre otros, de políticos y empresarios alaveses, ertzainas o periodistas, y, según el Ministerio Público, "como consecuencia del proceder de los acusados y el tráfico ilícito de información", se puso "en serio riesgo la vida, la seguridad y la honorabilidad de las personas referidas en las fichas y que figuraban en las bases de datos de la Ertzaintza como fuentes o colaboradores en atención a la actividad de la organización terrorista ETA".
VIOLACIÓN DE SECRETOS
El fiscal cree que los hechos son constitutivos de un delito continuado de violación de secretos previsto en los artículos 74 y 417.1 y 2 del Código Penal, de los que serían responsables en concepto de autores los dos ertzainas, y Aitor Tellería como cooperador necesario.
Por ello, pide cuatro años de prisión para cada uno de ellos e inhabilitación para los agentes durante ese tiempo. Además, solicita que se les imponga una multa de 2.220 euros y el pago de parte de las costas del proceso. También reclama que los acusados indemnicen de forma conjunta a los 21 perjudicados por daños morales con un total de 342.000 euros.
El Ministerio publico, que pide además que los encausados depositen la cantidad de 500.000 euros con el fin de asegurar las responsabilidades civiles derivadas del procedimiento, reclama que testifique, entre otros, el que fuera diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial de Álava, Alfredo de Miguel, que dimitió tras su imputación en la supuesta trama de corrupción de Álava.