En el escrito de la defensa, los somalíes reclaman que el jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aclare si se pagó un rescate por la liberación del atunero, que permaneció 47 días retenido en aguas de Somalia hasta que fue puesto en libertad el pasado 17 de noviembre, y, en este caso, bajo qué precio y condiciones se efectuó. Además, también prevé llamar a la prueba testifical al embajador de España en Kenia, Nicolás Martín; el capitán de la fragata Canarias, Ignacio Frutos; el capitán, el oficial del buque y el patrón del 'Alakrana' junto con varios médicos forenses.El letrado solicita a la Audiencia Nacional que sus clientes sean enviados a Kenia para ser juzgados de acuerdo a la normativa de la Unión Europea y agrega que uno de ellos fue víctima de un delito de lesiones como consecuencia del disparo en el momento en que fue capturado.
El abogado de 'Abdu Willy' y de Raageggesey Hassan Adji destaca que los hechos deben ser calificados como un delito de piratería y recuerda que en el momento en que se cometieron el Código Penal no contemplaba este ilícito, que será incluido tras su reforma con una pena de diez a quince años de prisión.
Con la inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal el próximo diciembre, el letrado señala que sería el delito de piratería por el que cabría juzgar a los somalíes, en contra de la petición del Ministerio Fiscal que les imputa 36 delitos de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas. A este respecto, la defensa alega que los procesados no iban armados en el momento en que fueron capturados.
En todo caso, propone que se aplique a los representados la eximente del miedo insuperable al considerar que actuaron coaccionados por un grupo "especialmente peligroso" que "en cierta medida" sustituía al poder estatal y amenazaba con "severos castigos" a los somalíes que no obedecieran sus mandatos. "Mis patrocinados fueron ordenados por la fuerza presuntamente a participar en los actos de piratería, y una vez utilizado su buque fueron prácticamente arrojados en el mar (...). Son víctimas en la presente causa de los mismos que han pirateado al buque 'Alakrana'", alega.
Armador poco prevenido
Asimismo, considera que existe responsabilidad civil de la empresa aseguradora del buque y añade que la empresa armadora conocía "la situación político-social en Somalia -no olvidemos el caso del buque 'Playa de Bakio'-". "De cierta forma, la responsabilidad del armador es palpable o, en su caso, del capitán y, porque no, de los propio marineros que conocían los puertos desde los que operan los piratas", indica.
A su entender, el armador tiene "cierta culpa" y debe ser más proclive a contar con un seguro de riesgo teniendo en cuenta la zona peligrosa en la que faena el buque. "Los armadores del buque Alakrana no han tenido ninguna precaución, o en su caso, el buque no estaba preparado para enfrentarse a situaciones 'adversas' ya de antemano conocidas", remarca.
Tasa de "faena"
En este contexto, cree que los piratas no actúan bajo intereses puramente lucrativos, sino más bien políticos, argumentando que como los pesqueros les roban la riqueza tienen derecho a cobrar "un canon o una tasa de faena o de paso".
Por su parte, el Ministerio Fiscal pide 220 años de prisión por 36 delitos de detención ilegal --pide 6 años por cada uno-- y robo con violencia y uso de armas (4 años), según el escrito provisional de acusación presentado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que se encargará de juzgar estos hechos.
La Fiscalía no ha acusado finalmente a los dos piratas del delitos de asociación ilícita como habían solicitado el jefe de máquinas del 'Alakrana', Victor Bilbao, y los marineros Andoni Gotxi, Gaizka Iturbe y Francisco Veladez, durante la fase de instrucción. IM