El Pleno del TC vuelve a incluir el recurso en su orden del día, pero puede que no llegue a abordarlo

El pasado 25 de mayo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, celebraron una reunión en la que volvieron a ratificar su interés en renovar este mismo mes de junio a los tres miembros de este órgano que tienen que ser designados por el Congreso de los Diputados y la cobertura de la plaza que ocupaba Roberto García-Calvo, fallecido hace cuatro años. Sin embargo, no se habló de nombres, y la renovación sigue aún en el aire.

Los tres magistrados señalados deberían haber salido del TC a finales de 2010 y ello motivó que el último Pleno de este órgano, celebrado hace 15 días, aparcara el tema de Sortu para centrarse en el malestar existente. El TC llegó a hacer pública una nota de prensa en la que amenaza con tomar medidas "muy drásticas" para oponerse a "la indeseable situación".

NI RENOVACIÓN NI AMENAZAS CUMPLIDAS

Quince días después, ni se ha producido renovación ni se han concretado dichas amenazas, que según fuentes de este órgano podrían pasar porque el presidente del Constitucional, Pascual Sala, aceptara la dimisión del vicepresidente Eugeni Gay y los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, que ya plantearon esta posibilidad en junio del pasado año.

De momento, ninguno de estos magistrados ha realizado movimiento alguno ni se han planteado formalmente estas medidas, aunque las mismas fuentes han señalado que no se descarta que el asunto vuelva al Pleno que comienza mañana.

Concretamente, el recurso pendiente fue planteado por la defensa Sortu contra la sentencia del Tribunal Supremo que en marzo del año pasado prohibió su inscripción. en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

Por ahora sólo se conoce que la ponencia de la magistrada del sector "progresista" Elisa Pérez Vera se inclina por la legalización de la formación, aunque el tema, que no es el único que lleva el orden del día del Pleno que comienza mañana, es muy probable que no llegue ni a abordarse.

El 24 de marzo de 2010 el Tribunal Supremo prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Interior con el voto de nueve magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, por considerarlo sucesor de la ilegalizada Batasuna. Otros siete magistrados suscribieron un voto particular contrario al veto.

Para la mayoría de este tribunal, la nueva formación pretendía suceder en su actividad a la ilegalizada Batasuna utilizando una estrategia fraudulenta que fue diseñada por ETA en 2009. "Esa posibilidad supone una amenaza objetiva y grave para la democracia", señalaba la resolución del Tribunal Supremo.

Por contra, los discrepantes redactaron un voto particular conjunto en el que mostraron su profunda discrepancia con la mayoría y señalaron que Sortu había rechazado la violencia en los estatutos que presentó al Registro. Además, valoraron positivamente el comunicado de prensa en el que el nuevo partido condenaba de manera concreta actos de "kale borroka".

El recurso de amparo lo firma el abogado de la formación, Iñigo Iruín, quien en su día se mostró "esperanzado" de que su demanda prospere. Explicó que sus motivos se basan en los argumentos que del voto particular que suscribieron los siete magistrados del Supremo y también en la resolución del propio TC que permitió a la coalición Bildu concurrir a las elecciones municipales de mayo de ese año.

No obstante, existen diferencias respecto a los derechos fundamentales presuntamente vulnerados respecto de ambas formaciones. En el caso de Bildu se alegó ante el Constitucional una vulneración del derecho de sufragio pasivo, que fue admitida por el tribunal de garantías, mientras que en el de Sortu se alega violación del derecho de asociación, y concretamente el de creación de un nuevo partido político.

APOYOS PROGRESISTAS

Con respecto a Bildu, hay que recordar que el Constitucional revocó la sentencia del Supremo que impedía su concurrencia en los comicios locales de 2010 con el respaldo de seis de los siete magistrados denominados del "sector progresista" de este órgano. Otros cinco magistrados votaron en contra de este apoyo a la formación abertzale.

En este caso, el tribunal de garantías consideró que el Supremo vulneró el derecho a la participación política de la coalición integrada por EA, Alternatiba e "independientes" de la izquierda abertzale, consagrado en el artículo 23 de la Constitución.

A favor del recurso votaron Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega, Adela Asúa y también el presidente y el vicepresidente del Tribunal, Pascual Sala y Eugeni Gay, todos propuestos por el PSOE.

En contra votaron Francisco Hernando, Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Pérez de los Cobos y Javier Delgado, todos ellos designados a propuesta del PP. También votó con el denominado "bloque conservador" con este bloque Manuel Rodríguez Aragón, de tendencia progresista.