La exconcejal de Podemos en Puerto Real (Cádiz) Mónica González ha asegurado este martes que ignoraba que la empresa Eurowork en la que trabajaba estafara a los inmigrantes con falsas promesas de trabajo, al tiempo que ha dicho sentirse una "víctima" y ha confesado que "lleva diez años castigándose" por haber aceptado inscribirse como administradora única de la sociedad.
Así lo ha asegurado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en el juicio en el que se enfrenta, junto a otros seis procesados, a una petición de cuatro años de cárcel solicitada por el fiscal Fernando Burgos y la acusación particular por haber estafado 485.677,73 euros a centenares de latinoamericanos, cobrando a cada uno 464 euros por buscarles un contrato.
La ex concejal de Hacienda, que concurrió a las elecciones bajo la marca 'Sí se Puede', ha rememorado que era pasante en un despacho de extranjería y ayudaba a "compañeros inmigrantes y bereberes con sus papeles" cuando le ofrecieron, a comienzos de 2005, trabajar en Eurowork Hispania y ser su administradora única.
"Es por lo que llevo castigándome diez años", ha añadido.
González, licenciada en Derecho, ha explicado que se dedicaba a recibir a las empresas y tramitar las solicitudes de los permisos de trabajo y residencia con la subdelegación del Gobierno, al tiempo que ha negado controlar las cuentas.
"HABÍA GENTE QUE ME QUERÍA MATAR"
De hecho, ha asegurado "no tener conciencia" de que no se estaba devolviendo a los extranjeros su dinero hasta que el contable se lo comunicó y los afectados vinieron en 2006 a exigirle reclamaciones al no recibir ninguna contraprestación. "Había muchos usuarios que me querían matar. No me cabe en la cabeza que nadie se esté quedando con el dinero de la gente", ha añadido.
"Me siento víctima porque si no se hubiera tocado ese dinero la gente lo tendría y para muchos 464 euros era dinero", ha denunciado la acusada, para poner de relieve la deuda de cerca de 5.000 euros que mantiene con la Seguridad Social, a raíz de que ella pusiera a su nombre dos teléfonos móviles y un vehículo para la empresa, que todavía sigue pagando sin ni siquiera disponer de carné de conducir.
La exedil de Podemos, que dimitió en octubre y se encuentra suspendida cautelarmente de militancia, ha roto a llorar cuando ha expuesto la difícil situación en la que se encuentran ella y su familia, con riesgo de desahucio y el patrimonio de su madre embargado después de que solicitara un cuantioso préstamo. En ese momento, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, la ha invitado en ese momento a sentarse en el banquillo de los acusados.
EL CABECILLA DE LA RED: "MÓNICA ES HONESTA"
El supuesto cabecilla del entramado, Luis Batlle, ha aceptado la pena de cuatro años de prisión solicitada por la Fiscalía, al confesarse "culpable" del delito de estafa y reconocer que "en alguna ocasión" se apropió de parte de los fondos de la empresa . "Me porté mal, me beneficie de parte de los fondos y pido disculpas", ha dicho.
Según ha explicado, Mónica González tramitaba el papeleo ante las autoridades para conseguir los "posibles permisos o no" y cumplía las órdenes que él le mandaba. "Ella no usó fondos de la empresa en su beneficio. No la veo capaz de tocar un céntimo que no sea suyo, para mí es una persona honesta", ha añadido.
"Nadie es perfecto y pudo hacer cosas mal hechas, que no lo sé, pero no creo que dispusiera de dinero de esta empresa para su uso personal. El único que se tiene que comer el pastel soy yo, tengo una formación moral. Seguí haciéndolo a sabiendas de que --el negocio-- se iba a pique", ha concluido en la vista, en la que también están acusados la expareja de Batlle, Nelsi Yadira, y Mario Eduardo Vallés, José María Tinoco, Diego Jodar y Erika Evaneri.