El hecho obligó a evacuar un área de 200 metros alrededor de la expendedora de gasolina, cercana a un colegio público y a varios centros comerciales y bancarios.
El artefacto, que será analizado por los peritos de la Policía, fue hallado en el baño de ese local por uno de los empleados, quien detalló a periodistas que llamaron a las autoridades luego de encontrar una bolsa que contenía un objeto con cables y un reloj.
Por su parte, el comisario Óscar Larroza dijo que "a simple vista no hay evidencias de que se trate de algún explosivo", aunque reconoció que tiene las características de una bomba.
Esa situación se registró pocas horas después de la evacuación de la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral, también en Asunción, tras una amenaza de bomba que resultó ser falsa, al igual que otro llamado anónimo alertando sobre la existencia de un explosivo en un colegio de la localidad de San Lorenzo, cercano a Asunción.
La policía retiró en la víspera otro artefacto que no contenía explosivos, según la pericia, y que fue hallado ante un centro comercial, en momentos en que otras dos instituciones públicas reportaron otras falsas amenazas de bomba.
Además, hace siete días un objeto dejado en una bolsa en uno de los baños del subsuelo del edificio del Poder Judicial estalló en los jardines del edificio, donde fue depositado por un agente tras ser advertido del hallazgo por una limpiadora.
El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se atribuyó ese hecho en un panfleto dejado en una cabina telefónica situada cerca del edificio de tribunales, pero las autoridades dudan de la veracidad de esa reivindicación.
El jefe de Gabinete de la Presidencia, Miguel López Perito, insistió hoy en que existe una "conspiración" contra el jefe de Estado, Fernando Lugo, quien, por su parte, atribuyó en la víspera los hallazgos y amenazas a una "guerra sucia, psicológica" en contra de su Gobierno.
El jefe de Gabinete, quien aseveró que serán implacables con los desestabilizadores, consideró además que los responsables de esos hechos son "grupos mafiosos que controlaron el país y perdieron sus privilegios" tras la llegada de Lugo a la Presidencia, el 15 de agosto de 2008.
En contrapartida, el diputado del minoritario Partido Patria Querida, Carlos María Soler, opinó que "parece que Lugo sufre de síndrome de persecución, porque desde que llegó al poder denuncia la gestación de conspiraciones y de golpes de todo tipo".
En cuanto a las amenazas, Soler consideró que los organismos de seguridad deben realizar una investigación responsable para dar seguridad a la ciudadanía.