Inés Núñez de la Mata, hija de una víctima de abusos policiales, ha asegurado que "ni siquiera la terrible amenaza de ETA puede justificar" estos actos porque "la violencia es detestable siempre, venga de donde venga", a la vez que ha considerado que "los hechos no han sido debidamente investigados y los autores no han recibido el debido castigo".
Inés Núñez de la Mata, hija de Francisco Javier Núñez, que falleció en 1977 como consecuencia de la tortura a la que le sometieron varios policías en Bilbao, ha intervenido este miércoles en el acto de reconocimiento a todas las víctimas de abusos policiales organizado por el Gobierno vasco, al que han acudido familiares de los damnificados y diferentes representantes institucionales. Además, se ha presentado el documental "Por quién no doblan las campanas", elaborado por ETB y que recoge la historia de nueve víctimas.
Según ha destacado Núñez de la Mata, las víctimas que aparecen en el documental "son distintas, buena muestra de que Euskadi es una sociedad plural" y "algunas tenían posicionamientos políticos y otras no los tenían, como mi padre".
En referencia al decreto del Gobierno vasco que reconoce a las víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978 y que ha dado pie al documental, ha considerado "patente" que existe en Euskadi "una voluntad, primero de reconocer a las víctimas", ya que "se reconoce, por fin, que el sufrimiento de estas personas fue injusto, se reconoce que sus derechos humanos fueron vulnerados y que lo fueron en un contexto de motivación política".
Asimismo, ha destacado que existe la voluntad "de reparar el daños sufrido" y también "se quiere restablecer su dignidad". A su juicio, el reconocimiento institucional es "la base y piedra angular de cualquier reparación posterior, hay que reconocer a las víctimas, identificarlas y dar a conocer su existencia a la sociedad".
En ese sentido, ha dicho que "parece que esta voluntad de reconocimiento solo existe, de momento, en Euskadi" y ha considerado que "debería extenderse a España en su conjunto". "Ese reconocimiento y reparación entra dentro, no sólo de sus competencias, sino de sus obligaciones. El Gobierno español y los poderes públicos tienen una obligación legal para con estas víctimas pero, sobre todo, tienen una obligación ética y moral", ha manifestado.
Núñez de la Mata ha advertido de que el poder público "debe cumplir con su obligación de proteger el derecho la vida y a la integridad física y moral de las personas".
Por otro lado, ha señalado que, "hasta fechas recientes, en mi ignorancia, creía que el caso de mi padre había sido un caso aislado, una mala suerte". Sin embargo, ha explicado que, a raíz de la preparación del informe de Derechos Humanos y de la publicación de este decreto es cuando ha descubierto que "esta violencia se produjo de forma reiterada y que fueron muchas familias las que tuvieron que sufrir injustamente como nosotras y que muchas otras muertes como la de mi padre se produjeron en condiciones de impunidad".
Núñez de la Mata ha reconocido que, para ella, ha sido "muy impactante descubrir que el propio Estado y las fuerzas del orden, que estaban ahí para cumplir la ley, fueran las que, precisamente, la infringieran". "Nada puede justificar lo que les hicieron a estas personas, ni siquiera la excusa del miedo por la terrible amenaza de ETA", ha advertido, para añadir que "estos sucesos violentos tenía una intencionalidad política, haciendo daño aleatoriamente querían influir en la sociedad".
A su juicio, "esta brutalidad y represión eran intentos de intimidación a todo un pueblo". No obstante, ha insistido en que "no pueden servir para legitimar la violencia de ETA y su entorno ni para deslegitimar a la Guardia Civil o Policía Nacional como cuerpos de seguridad en su conjunto", porque "la violencia es detestable siempre, venga de quien venga".
Núñez de la Mata ha criticado que, "al parecer, en la mente de algunos altos cargos las víctimas hemos pasado de no existir a ser calificados de daños colaterales", lo que aunque "puede parecer un insulto, en realidad nos supone avanzar un grado porque hemos pasado de la nada más absoluta a ser consideradas víctimas de segunda", aunque las víctimas de este decreto "no somos daños colaterales, todas las víctimas tienen los mismos derechos y merecen un respeto". "Nosotros no somos víctimas colaterales, porque los asesinos de mi padre querían darle una paliza y luego querían matarle", ha subrayado.
Por otro lado, se ha preguntado "qué interés puede tener nadie en el año 2012 en tapar lo acontecido y a quién le puede molestar que se reconozca y repare a las víctimas". "Les digo a los poderes públicos que es hora de airear la casa, pedir disculpas si hace falta", ha afirmado, para añadir que el documental "deja de manifiesto que el sufrimiento de las víctimas fue injusto" y contribuye "al conocimiento de la verdad y sirve como denuncia de esta impunidad".
En ese sentido, ha denunciado "la impunidad" de las muertes y lesiones de las víctimas, así como que "los hechos no han sido debidamente investigados y los autores no han recibido el debido castigo". "La mayoría de los casos han sido tapados y borrados", ha censurado, para criticar también "el olvido institucional, tantos años de silencio forzoso".
Además, ha lamentado que "nadie nos ha pedido disculpas, algo tan sencillo pero tan importante y reconfortante para el que sufre injustamente".
Núñez de la Mata cree que quienes han accedido a participar en el documental "por fin nos sentimos atendidos, se nos rescata de la nada y del olvido en el que estábamos sumidos".
No obstante, ha señalado que "tanto dolor como el contenido en el documental no se olvida ni repara ni con un documental ni con un decreto". "Yo quisiera a mi padre conmigo -ha dicho emocionada- y no un reconocimiento ni una indemnización. Sin embargo, aunque ni el decreto ni el documental pueden reparar su sufrimiento, su muerte lenta y su ausencia en nuestras vidas, a mi madre y a mí nos ayudan a sobrellevarla, porque supone una satisfacción moral y significa la rehabilitación de su honor".
AGRADECIMIENTOS
Núñez de la Mata ha mostrado su agradecimiento al Consejo de Gobierno vasco, a la consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia, a su Departamento y a la Dirección de Derechos Humanos.
También ha dado las gracias a Maite Esparza y Maite Ibáñez, por un documental "hecho con cariño, respeto, asepsia y sin análisis ni interpretaciones" porque "los hechos hablan por sí solos".
FIN DE ETA
Núñez de la Mata ha deseado que, "ahora que parece que la pesadilla de ETA ha llegado a su fin, la emisión y difusión de este documental sirva para unir a la sociedad vasca y para mejorar la convivencia", así como que el trabajo sirva de "testimonio y memoria de la violencia para que nunca más vuelva a suceder".
Tras señalar que "todavía queda mucho por andar", el de hoy ha dicho que es "un paso más hacia el total reconocimiento", aunque cree que el decreto debería convertirse en Ley de Parlamento, "igualando las indemnizaciones a las de otras víctimas y añadiendo más ingredientes, como pedir disculpas y profundizar en la investigación", así como ampliar su ámbito temporal al espacio posterior a 1978.
"Sigamos caminando hasta llegar a una situación en la que los derechos de todos los que hemos sufrido violencia de motivación política sean iguales, porque todas las víctimas son iguales, todas merecen un respeto y todas tienen iguales derechos. Que no exista nunca más en Euskadi un contexto de violencia de motivación política y que todos los vascos tengamos un futuro próspero y en paz", ha concluido.