El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha anunciado a la Junta de Portavoces su intención de convocar la próxima semana a la Comisión de Reglamento que él preside para poner en marcha el debate de la reforma de las normas que rigen el funcionamiento de la Cámara, que datan de 1982.
La idea de revisar a fondo el Reglamento del Congreso, un asunto en el que los grupos parlamentarios vienen encallando en los últimos 20 años, fue aceptada por el PP a raíz de una moción de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y se ratificó en la propuesta de resolución por la transparencia y con la corrupción que se aprobó en el último Debate sobre el estado de la Nación.
Posada considera que ha llegado el momento de afrontar ese "desafío" y la próxima semana, previsiblemente el martes, reunirá a la Comisión de Reglamento para crear una ponencia y fijar un calendario de trabajo. "Tenemos obligación y desde luego voy a impulsarlo para que a finales de este mes se ponga en marcha el proceso", ha comprometido ante los periodistas.
Lo que no quiere poner son plazos para la aprobación de un texto pues su objetivo es lograr un acuerdo "ampliamente mayoritario y plural", aunque ya adelanta que no cree que haya unanimidad y calcula que algún grupo acabará votando en contra.
"Formalmente lo que quiero es que se den los pasos para que tengamos el campo de juego despejado y todo previsto para poder trabajar --ha explicado--. Tenemos que ver la fórmula pero me gustaría separar un poco porque habrá algunos temas en los que sí podamos avanzar y otros en los que no. Vamos a aprovechar todo lo posible para dar un paso adelante".
Lo que tiene que analizar la Comisión de Regamento, en principio, son las mejoras que pidió IU-ICV-CHA en noviembre para mejorar la calidad de la democracia y acercar el Parlamento a los ciudadanos, así como el mandato de la resolución de febrero para regular las organizaciones de intereses o 'lobbies', facilitar el "impulso y tramitación" de las iniciativas legislativas populares y poner en marcha de forma "inmediata" la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, cuya creación se aprobó en la anterior legislatura.
Asimismo, los grupos tendrán que analizar cómo trasladar a los diputados y senadores las normas de transparencia que se incluyan en el futuro Estatuto de Cargo Público y establecer un "procedimiento concreto de publicidad de las declaraciones tributarias, de actividades y de bienes".
LAS LENGUAS COOFICIALES NO SON PRIORITARIAS
Posada es consciente de que, una vez que se abra el melón de la reforma, los partidos podrán proponer la revisión de cualquier punto del Reglamento y asume que los nacionalistas pueden volver a poner sobre la mesa el uso de las lenguas cooficiales que dio al traste con el último intento de reforma, bajo Presidencia de Manuel Marín, hace dos legislaturas.
No obstante, el actual presidente de la Cámara Baja confía en que finalmente pueda avanzarse en medidas para mejorar la calidad democrática y avanzar en la transparencia, habida cuenta de que estos son los asuntos que centran, hoy por hoy, las demandas ciudadanas.
El PP está en la misma línea. El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha avanzado a Europa Press que su grupo acude a la negociación "con mentalidad abierta", aunque ha dejado claro que no contempla a priori abordar la regulación del uso de las lenguas cooficiales, un 'vieja' demanda de los nacionalistas y que dio a traste con el último intento de reformar el Reglamento que se hizo en 2005.
Tampoco Izquierda Unida baraja esa posibilidad porque, según ha subrayado su portavoz, José Luis Centella, lo fundamental ahora es lograr un acuerdo lo más amplio posible para 'desencorsetar' el Parlamento y acercarlo a los ciudadanos.
En este sentido, el PP está empeñado en alcanzar un acuerdo para mejorar el trabajo de la Cámara, acercar la función representativa a los ciudadanos, dar cauces de participación a la sociedad civil para la función legislativa, regular los 'lobbies' y activar la Oficina Presupuestaria de las Cortes.
Pese a que el PP ha fijado ya sus prioridades, está repasando la amplia reforma que llegaron a pactar con el PSOE en julio de 2005. Entonces, los dos partidos mayoritarios acordaron, entre otros puntos, sustituir temporalmente a diputados, convocar debates de actualidad, incluir preguntas al presidente del Gobierno el día anterior a la sesión de control e interpelar al jefe del Ejecutivo en debates de media hora de duración.
TRANSPARENCIA SÍ, NÓMINAS NO
Otra de las prioridades del PP pasa por aplicar a los diputados las normas de transparencia, con especial atención a la publicidad de actividades, bienes y declaraciones tributarias. Sin embargo, el grupo mayoritario no contempla publicar las nóminas en la página institucional del Congreso, como viene reclamando UPyD y han dado a conocer incluso algunos diputados socialistas en sus 'blogs'.
Según explica, el sueldo neto recoge aspectos que están protegidos por la ley dado su carácter personal (estado civil, hijos, etcétera). El PP recuerda que en la web de la Cámara ya aparece el bruto que ganan los diputados, aunque es verdad que la Cámara tiene pendiente una revisión de la información para aclarar conceptos.
En cualquier caso, desde el PP recalcan que el Reglamento de la Cámara Baja, como la Constitución, forma parte de las reglas de juego del sistema democrático y que, por tanto, es "muy importante" el consenso para realizar cualquier cambio.