El PP ha dado el visto bueno definitivo a su programa electoral de cara al 20-N. Mariano Rajoy ha presentado en Santiago las principales líneas del programa basado en "la recuperación económica y la creación de empleo".
Antes de la intervención de Rajoy, el coordinador del programa electoral del PP, Baudilio Tomé, ha señalado que su formación al llegar al Gobierno realizará una "evaluación exhaustiva" del gasto público para realizar "reestructuraciones" y "eventualmente con todas las garantías" cierres de organismos públicos.
"Tendrá que haber reestructuraciones y eventualmente con todas las garantías también a lo mejor cierres de organismos públicos. Pero lo que prima en nuestro programa no es la idea de cierres y recortes pero sí la reforma de la administración para ganar eficiencia", ha recalcado.
Sin negociación con ETA
El Partido Popular además ha advertido en su programa electoral que no negociará con ETA ni por la presión de la violencia, ni por el anuncio de su cese. Según el resumen del citado programa, los populares dejan claro que éste será el "principio básico de la política de seguridad del Estado".
La banda terrorista ETA emitió el jueves 20 de octubre un comunicado en el que anunciaba el cese definitivo de la violencia pero pedía a los estados español y francés negociar las consecuencias de lo que los terroristas denominan "conflicto" vasco.
Los populares dejan claro en su programa, en un capítulo titulado "La derrota de ETA", que no van a negociar ni por anuncio de cese de la violencia y además, anuncian que van a promover el reconocimiento y la memoria de las víctimas y que apoyarán las iniciativas de la sociedad civil en este sentido.
Fomento del ahorro
El partido presidido por Mariano Rajoy fomentará fiscalmente el ahorro a largo plazo a través de una reducción del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por el incremento anual del ahorro, que incluya la adquisición de vivienda habitual y mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones.
La reforma laboral, considerada clave para los populares cuando el desempleo ronda los cinco millones de personas en el país, apenas fue esbozada en el texto de diez páginas, que recoge que se simplificarán los tipos de contrato y que en el área de la negociación colectiva se dará más facilidad para negociar bajadas de salarios para crear empleo.
En materia de vivienda, el programa introduce mecanismos de liberación de deudores tras la ejecución de patrimonio embargable, con las "debidas garantías para evitar comportamientos abusivos", y promueve planes de vivienda en alquiler centrados en quienes tengan más dificultades, impulsando además programas de arrendamiento bonificado con opción a compra.
Los padres pagarán los desperfectos
En el capítulo de seguridad, los populares también han incluido una propuesta para controlar las infracciones por "incivismo". Para ello, se proponen que los infractores paguen la reparación de los desperfectos originados en la vía pública y reforzarán esta exigencia de responsabilidad a los padres o tutores legales si quienes han causado daños son menores de edad.
Junto con ello, impulsarán un plana de "seguridad rural" para luchar contra robos en explotaciones agropecuarias. Para ello, la propuesta es aumentar la "vigilancia y los controles", con la realización de mapas de delincuencia, endureciendo las penas por hurtos y potenciando el despliegue de la Guardia Civil.
La doctrina Parot, por ley
En cuanto al funcionamiento ordinario de la Justicia, los populares se proponen promover un cambio de modelo de la oficina judicial, de tal manera que sea "eficaz, accesible y transparente para el justiciable, y que asegure la unidad de gestión en todos los órganos jurisdiccionales."
Además, impulsarán una agencia que articule un "sistema informático único" y permita el conocimiento "inmediato" en red de los datos judiciales y de los que constan en los registros públicos relacionados con la administración de justicia.
Y tal y como anunciaron en la Convención Nacional que celebraron en Málaga los pasados 13, 14 y 15 de octubre, reformarán el sistema de penas del Código Penal, "introduciendo la pena de prisión permanente revisable", así como la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad postpenales".
En cuanto al cómputo de beneficios penitenciarios, quieren que se haga sobre cada una de las penas impuestas, tal y como establece ahora la llamada "doctrina Parot" y que está recurrida por más de un centenar de etarras en el Tribunal Constitucional. Los populares también quieren poner en marcha una nueva regulación de la multirreincidencia en los delitos y fortalecer la función casacional del Tribunal Supremo.