Arturo Torró ha declarado que ha presentado una serie de documentación, con la que además ha contestado a las críticas del equipo de Gobierno que este mismo miércoles ha comparecido en rueda de prensa para anunciar la inminente liquidación de IPG.
Torró, documentación en mano, ha explicado que el actual Ejecutivo de PSOE-Més Gandia ha seguido realizando inyecciones económicas a la empresa pública. Afirma que esto es así porque, de otro modo, no podrían prestarse muchos de los servicios que corren a cuenta de IPG. Y ha puesto como ejemplo la gestión de Saforbici y otras, con cantidades que van desde los 5.000 a los 12.000 euros.
Pero además, el exalcalde ha afirmado que el Ayuntamiento de Gandia "está traspasando, poco a poco, 1,1 millón de euros del Ayuntamiento de Gandia a la empresa pública, en concepto por el pago del solar público de Decathlon, y lo está haciendo poco a poco para que no se note, a través de un banco que no está en la plataforma de embargos del Banco de España, porque son conscientes de que no pueden pasar dinero desde el ayuntamiento a IPG porque hay órdenes judiciales que lo impiden, y se lo están saltando".
Esta operación se podría considerar como un delito de "alzamiento de bienes", según Torró, por lo que "podrían estar incurriendo en posible ilícitos penales. Se trata de repetir las jugadas que realizaba José Manuel Orengo, ex alcalde socialista de Gandia".
En la misma rueda de prensa, el concejal popular Guillermo Barber ha recordado que la empresa pública se puso en marcha por el gobierno de PSOE y Bloc, y que seis meses antes de las elecciones municipales que propiciaron la entrada del PP como Gobierno de Gandia, se aprobó un traspaso millonario de dinero a IPG. Según Barber, el entonces miembro de Plataforma de Gandia (ahora portavoz de Ciudadanos), Ciro Palmer, "pertenecía al consejo de administración que antes de las elecciones de 2011 firmó un crédito por 40 millones de euros para IPG que no sabemos donde se destinaron".