El asesor jurídico del PP Alberto Durán ha asumido ante la juez de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, la responsabilidad de aplicar en 2013 el protocolo de borrado de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración.
Estas fuentes han explicado que Durán también ha representado al PP como persona jurídica, aunque ha evitado declarar limitándose a leer un papel en el que subrayaba la colaboración de la justicia. De esta forma, el PP ha sido la primera formación política que declara como investigado después de la última reforma del Código Penal, impulsada por el exministro 'popular' Alberto Ruiz-Gallardón, que amplía a las organizaciones las responsabilidades penales.
La juez ha tomado declaración a Alberto Durán en su doble condición de investigado en la causa y como representante legal del PP en la causa que investiga el borrado de los ordenadores de Bárcenas en 2013. En concreto, no ha aceptado preguntas de las acusaciones y sólo ha respondido en calidad de investigado a la Fiscalía y a la propia juez. Cuando ha llegado su turno como representante legal del PP, ha evitado todas las preguntas.
La decisión de acusar al PP fue tomada por la juez de Instrucción 32, Rosa María Freire, después de tomar declaración la semana pasada a la gerente de la formación, Carmen Navarro, y al entonces responsable de los servicios informáticos, Javier Barrero, por un posible delito de daños informáticos y encubrimiento.
Navarro aseguró ante la juez que los dos ordenadores que Luis Bárcenas tenía en la sede nacional no tenían clave de acceso y estaban vacíos y que, una vez comprobado esto, decidieron proceder a un protocolo de borrado y formateo para asignarlo a otra persona, siguiendo el protocolo que ella misma instauró al asumir la gerencia del PP en 2010.
CONTRADICCIONES EN LAS DECLARACIONES
Javier Barrero, por entonces responsable de informática, negó en su declaración que existiera dicho protocolo. También aseguró ante la juez que los dos ordenadores eran propiedad de Luis Bárcenas, en contra del criterio del PP, ya que como encargado de la compra de material informático jamás había adquirido dichos equipos.
Bárcenas, por su parte, sostuvo ante la juez que en sus ordenadores había recibís que afectaban a "determinados sujetos del PP" y una carpeta sobre los pagos a Libertad Digital relacionados con la causa abierta en la Audiencia Nacional por la presunta caja B del PP, además de "documentos que afectaban a la campaña electoral".