El PP apoya que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, esté preparando su primera visita oficial a Cuba porque ese desplazamiento no significa que el Gobierno 'popular' se aparte de su tradicional posición de exigir a la isla avances democráticos.
El diputado 'popular' Teófilo de Luis, que ejerce de portavoz en los temas relacionados con la isla, ha manifestado a Europa Press que la visita que prepara el ministro --la primera de un jefe de la diplomacia española desde julio de 2010-- "no significa apartar a España de las posiciones" que respecto a Cuba marca la UE y que recientemente ha complementado el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy y el PP, asegura De Luis, se mantienen "fieles al espíritu" de las negociaciones que la UE ha entablado con las autoridades castristas de cara a concluir un acuerdo de diálogo político y cooperación.
Unas negociaciones donde los europeos han dejado claro a la parte cubana que "las cláusulas democráticas" del convenio "han de cumplirse", y dentro de esas cláusulas se incluye "la libertad sindical", recuerda De Luis.
Es decir, que si Cuba quiere cerrar ese acuerdo de cooperación con la UE, tendrá que comprometerse a aprobar una ley que garantice a los trabajadores cubanos la posibilidad de asociarse en sindicatos de todo tipo de color político, explica el diputado.
POSICIÓN DEL CONGRESO
De Luis ha hecho referencia a la proposición no de ley que en febrero pasado aprobó el Congreso de los Diputados --con el apoyo del PP, PSOE, UPN, UPyD y CiU-- en la que se saluda el proceso de negociaciones con Cuba iniciado por la UE y se ofrece la colaboración del Parlamento español a participar, si se le requiere, en el desarrollo de esas conversaciones.
El texto, presentado originalmente por UPN y enmendado con una transaccional entre el PP y el PSOE, subraya la necesidad de que las cláusulas democráticas que incluya el acuerdo entre la UE y Cuba "garanticen el respeto a los Derechos Humanos y libertades individuales y colectivas, incluso la libertad de sindicación", con el fin de "hacer posible así la reconciliación nacional y lograr mejoras en el ámbito de cooperación al desarrollo y en el nivel de vida del pueblo cubano".
Esa proposición no de ley tenía un punto primero --que no apoyó el PSOE-- en el que advertía de que el Congreso de los Diputados, "tras reuniones mantenidas con representantes significativos de la oposición democrática" cubana, no advierte en Cuba "signos favorables al reconocimiento de los Derechos Humanos y de las libertades individuales y colectivas".
El acuerdo que la UE negocia con Cuba aspira a normalizar las relaciones bilaterales y alentar reformas democráticas en la isla, y está llamado a reemplazar la Posición Común que la UE adoptó en 1996, a instancias del Gobierno español de José María Aznar.
Cuba rechaza de plano la Posición Común, que condiciona las relaciones bilaterales a progresos democráticos en la isla, porque fue una medida unilateral de la UE, pero el bloque europeo ya ha advertido de que sólo contempla su eliminación si se logra concluir este acuerdo y tras una decisión unánime de los Veintiocho.