El PP y el PSOE se han dado un plazo de una semana o diez días para definir una postura común dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de cara a la negociación con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para acometer la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que definirá las competencias y función de las entidades locales.
El Gobierno entregó tanto a la FEMP como al PSOE su propuesta de reforma de la ley, la cual, entre otros aspectos, sugiere que los ayuntamientos no tengan competencias ni en educación ni en sanidad y que las diputaciones se puedan encargar de los servicios de las localidades de menos de 20.000 vecinos.
Para el vicepresidente primero de la Federación, el socialista Abel Caballero, la propuesta entregada por el Ejecutivo es "inadecuada y restrictiva" y, además, "no aborda los problemas que hay que resolver en los ayuntamientos para prestar servicio a los ciudadanos".
Es más, ha criticado que la única finalidad del texto es "cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria", pero ha recordado que "el principal problema de deuda no son los ayuntamientos, sino que se llama Gobierno de España y comunidades autónomas", por lo que, a su juicio, "intentar arreglar el problema a través de los ayuntamientos es un enfoque equivocado".
"Para definirla de forma rápida, es una ley de intervención de ayuntamientos por las diputaciones, eliminando así el principio de autonomía" de los municipios, ha lamentado además el también alcalde de Vigo, quien considera que la prestación de servicios para las localidades de menos de 20,000 habitantes por parte de las diputaciones "empeorará" dichos servicios.
En opinión de Caballero, la nueva Ley de Bases de Régimen Local debe definir claramente las competencias de los ayuntamientos así como su financiación, dentro de la cual se debe dejar muy claro la "asignación a través de las participaciones en los ingresos" de las comunidades autónomas.
INCLUIR A LA FEMP EN EL CPFF
Además, ha propuesto que se regule por ley orgánica la participación de la FEMP en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que las entidades locales puedan "blindarse de las interferencias de las comunidades autónomas".
A continuación, el vicepresidente segundo de la Federación, el 'popular' Fernando Martínez Maíllo, ha explicado que la intención del PSOE es "ir mucho más allá" en la reforma de la Ley de Bases que el texto inicial presentado por el Gobierno.
No obstante, ha valorado las aportaciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al texto, y sobre todo ha destacado el hecho de que se excluya a los ayuntamientos de las competencias en educación y en sanidad, de modo que, a su juicio, se evita que más de una administración preste una misma competencia.
En cuanto a las quejas de Caballero, Maíllo ha afirmado que la propuesta del Ejecutivo "respeta la autonomía local" en lo que respecta a las diputaciones, y ha señalado que "el objetivo es la eficiencia" y que se trata de que aquellas competencias que por razones económicas, materiales y humanas no puedan ejercer los municipios de menos de 20,000 habitantes lo tendrá que ejercer otra administración".
NIEGA PRIVATIZACIONES
Además, ha asegurado que esto no conlleva la privatización de servicios "ni nada por el estilo", ya que ha indicado que "la decisión de privatizar un servicio público no la toma la FEMP ni el Gobierno, sino el ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias".
En lo que respecta a la sugerencia de incluir a la FEMP en el CPFF, Maíllo ha dicho que respeta el punto de vista de los socialistas, si bien les ha recordado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "se negó una y otra vez a hacerlo", por lo que les ha pedido que sean "coherentes a la hora de plantear todas las propuestas".
En cualquier caso, tanto Caballero como Maíllo se han mostrado convencidos de que PSOE y PP lograrán llegar a un acuerdo en el ámbito de la FEMP para llevar ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una posición común con la que defender las reivindicaciones de las entidades locales.