El PP y el PSOE han reafirmado este jueves en el Pleno del Congreso su intención de aprobar antes de las elecciones generales la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para poder recurrir las futuras reformas estatutarias antes de que sean sometidas a referéndum o que entren en vigor. Este recurso previo ha vuelto a ser rechazado por Izquierda Plural y las minorías nacionalistas, que pretendían que los Estatutos no puedan ser impugnados ante el TC.
El recurso previo de inconstitucionalidad, que inicialmente podía utilizarse frente a todas las leyes del Gobierno, estuvo en vigor hasta 1985, cuando el Gobierno socialista de Felipe González lo suprimió acusando a la oposición de "abusar" de su utilización, ya que se usaba incluso para tumbar los presupuestos generales y evitar la entrada en vigor de leyes orgánicas como la del aborto.
Casi 30 años después, en enero de 2014, los dos partidos mayoritarios registraron el mismo día dos proposiciones de ley muy similares para recuperar esa figura, alegando que así se evitaría repetir lo que sucedió con el Estatuto catalán, anulado parcialmente por el TC tras haber pasado por las urnas.
SÓLO TRES DÍAS PARA RECURRIR
Ambos coinciden en que habilitar un plazo "extremadamente breve" de tres días para que los actores con potestad para presentar recursos ante el TC (el Gobierno, el Defensor del Pueblo o más de 50 diputados, entre otros) decidan si impugnan una futura reforma estatutaria tras su aprobación por las Cortes Generales. Y si se recurre, todos los trámites se congelarán, incluyendo el referéndum que pueda contemplar la legislación autonómica.
También hay diferencias entre uno y otro texto. El PP quiere aplicar el recurso previo también a los Tratados Internacionales, algo que el PSOE no contempla expresamente. En cambio, los socialistas ponen topes al TC reclamándole que resuelva el recurso en un plazo máximo de seis meses desde su interposición.
Esas iniciativas fueron tomadas en consideración conjuntamente por el Pleno del Congreso en febrero de 2014, pero desde entonces se fueron sucediendo las prórrogas del plazo de enmiendas, de tal manera que han cumplido más de un año hibernando en la Cámara Baja. La pasada semana se puso fin al bloqueo y los dos partidos mayoritarios se comprometieron a negociar los flecos de la redacción para intentar aprobar un texto cerrado antes de las generales.
CHOQUE DE LEGITIMIDADES
Sin embargo, tanto Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) como los nacionalistas de CiU y PNV y los independentistas de ERC han forzado este jueves un nuevo debate de totalidad para tratar de dar la vuelta a la reforma e impide que los estatutos de Autonomía puedan ser examinados por el TC.
Así, la enmienda de Izquierda Plural, firmada por los diputados de ICV y defendida por Joan Coscubiela, aboga por reformar la ley para que ningún Estatuto de Autonomía pueda ser objeto de recurso al TC, ni de cuestión de inconstitucionalidad por un órgano judicial, sólo su aplicación. "Un tribunal de doce miembros, fuertemente politizado, no puede sobrepasar la soberanía del Parlamento y de un pueblo", sostiene.
También el PNV propone excluir a todos los Estatutos de Autonomía de la posibilidad de ser declarados inconstitucionales por el TC, alegando que son leyes orgánicas especiales que requieren de pacto entre Parlamentos. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, ha lamentado especialmente la actitud del PSOE, al que acusa de "romper puentes" especialmente en Euskadi, la única comunidad que tiene ya un grupo de trabajo para reformar su Estatuto.
Esa prohibición general de recurrir los Estatutos de Autonomía fue también apoyada por el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví.
CIU Y ERC: EL MÍO NO SE RECURRE Y LOS DEMÁS, SÍ
Por su parte, CiU defiende la vuelta del recurso previo de inconstitucionalidad e incluso amplía su aplicación a todas las leyes orgánicas, pero establece una excepción: aquellos estatutos de autonomía que, como el catalán, exigen la celebración de referéndum para su ratificación.
"Hay un problema de legitimidades que la reforma (de PP y PSOE) no resuelve --resume Montserrat Surroca, de Unió (UDC)--. Judicializar los estatutos refrendados por el pueblo y convertir un tribunal profundamente cuestionado en tercera cámara es un gravísimo error".
En la misma línea, Esquerra Republicana llama a prohibir recursos contra los Estatutos de Autonomía de las comunidades llamadas históricas y, ya de paso, aboga por cambiar el sistema de elección de los magistrados para dar capacidad de propuesta a esas comunidades. Eso sí, su diputada Teresa Jordà ha querido dejar claro que el problema catalán no se habría evitado con el recurso previo porque la cuestión está en el reconocimiento del derecho a decidir.
Por contra, Pilar Cortés, del PP, ha incidido en que no hay un conflicto de soberanía ni de legitimidades, porque todo tiene su origen en la Constitución, a la que se deben someter todas las leyes y todas las instituciones. Y ha aclarado ERC que en su partido no se levantan y se acuestan "todos los días pensando en Cataluña, sino en el interés general de todos los españoles".
Igualmente, el socialista José Enrique Serrano ha rechazado los vetos de las minorías alegando que suponen una reforma de la Constitución, porque es la Carta Magna la que deja claro que todas las leyes y todas las instituciones deben estar sometidas a la constitucionalidad. "No es imaginable que haya unas leyes sometidas a control de constitucionalidad y otras no", ha subrayado.
UPYD TAMBIÉN QUIERE VOLVER AL RECURSO PREVIO
Por último, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha defendido la vuelta del recurso previo de inconstitucionalidad, que a su juicio "nunca" debió quitarse, y ha querido dejar claro que los estatutos deben ser sometido a examen en la Constitución, máxime cuando algunas reformas tienen "letra de estatuto, pero alma de Constitución".
Al final, las enmiendas de totalidad de las minorías han sido rechazadas en el Pleno del Congreso, con lo que las reformas del PP y del PSOE sigue su curso. La idea es que los mayoritarios cierren en próximas fechas un acuerdo sobre la redacción del texto definitivo, fundamentalmente para fijar el plazo máximo del que dispondrá el TC para resolver los recursos previos, y poder aprobar la reforma antes del verano en el Congreso para que en septiembre pase por el Senado con dirección al Boletín Oficial del Estado (BOE).