El PP y el PSOE coinciden en la necesidad de reformar el régimen sancionador incluido en la Ley de Financiación de Partidos Políticos para aplicarlo también a las entidades financieras y empresas que contratan con los partidos y luego no aportan la debida información al Tribunal de Cuentas.
Así se desprende de las propuestas de resolución que los dos grandes partidos han registrado al informe de fiscalización sobre las últimas elecciones generales, que este martes se debatirán en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En una de estas propuestas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PP pide al Tribunal de Cuentas que en sus próximos informes "continúe identificando en sus informes a los proveedores y demás sujetos que mantengan vinculaciones económica-financieras con los partidos políticos e incumplan sistemáticamente su deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas".
QUE LO SEPA LA JUNTA ELECTORAL
El Grupo Popular quiere que el Tribunal de Cuentas comunique a la Junta Electoral Central esos incumplimientos para que el organismo arbitral adopte "las medidas oportunas" con relación a estas entidades incumplidoras.
Pero también reclama al Gobierno una reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos para "tipificar como infracción la falta de colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de terceros ajenos a las formaciones políticas, como entidades financieras y proveedores, que no cumplan con la obligación de remitir información" a la entidad fiscalizadora.
El PSOE aboga igualmente por acometer la regulación de régimen sancionador de las leyes electoral y de financiación e partidos para aplicarlo "a las entidades financieras y proveedores que incumplan las obligaciones de remitir información al Tribunal de Cuentas".
Por otro lado, el PP pide al Tribunal de Cuentas que continúe potenciando los recursos humanos destinados a la fiscalización de los partidos políticos para ponerse al día, con el objetivo de aprobar los informes correspondientes a la contabilidad ordinaria de las formaciones políticas en el ejercicio siguiente al de su rendición.
En otra de sus propuestas, el PP aconseja a los partidos favorecer la competencia entre empresas en el procedimiento de adjudicación de los gastos electorales, evitando la concentración en un único proveedor, y que rindan en tiempo y forma su contabilidad ante el Tribunal de Cuentas, detallando la información sobre subvenciones y donaciones recibidas, y sobre las condiciones de los créditos firmados con entidades financieras, así como las operaciones de condonación o renegociación de los mismos.
PRECISIONES EN LOS LÍMITES DE GASTO
Los límites de gasto en las campaña motiva también varias propuestas de resolución. El PP propone que, dentro del capítulo de gasto en publicidad exterior y en medios de comunicación se incluyan los anuncios en Internet y nuevas tecnologías.
El PSOE, por su parte, recomienda "desarrollar reglamentariamente de forma más precisa los distintos conceptos" considerados como gasto electoral para que los partidos "dispongan de certeza en la justificación del gasto electoral que tiene naturaleza subvencionable".
Del mismo modo, CiU aboga por precisar qué son gastos electorales y cuáles son subvencionables, teniendo en cuenta especialmente "los nuevos mecanismos y soportes de comunicación vinculados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).