Bueno ha recordado que 23 de los imputados en esta causa están relacionados con el PSOE de Sevilla y que 64 de las 101 empresas investigadas pertenecen a esta provincia, muchas de ellas además relacionadas con el ámbito del PSOE, y ha cuestionado expresamente que los dirigentes socialistas José Antonio Viera, Susana Díaz y Fernando Rodríguez Villalobos "no supiesen" nada de estas conexiones.
La juez Mercedes Alaya investiga como es sabido la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos.
Las ayudas, ajenas a toda fiscalización y ni siquiera publicadas, habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas que figuraban en expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas a las que no pertenecían.
CARGOS SOCIALISTAS IMPUTADOS
Merced a esta partida presupuestaria, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a ayuntamientos y empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.
Como consecuencia de estos hechos, figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero (de nuevo en prisión), los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas (también en prisión), los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, o el exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, entre muchos otros.
Pues bien, Juan Bueno ha celebrado este viernes una rueda de prensa para exponer el "mapa" que los populares han dibujado respecto a las relaciones de esta trama con los miembros del PSOE y cargos públicos socialistas de la provincia de Sevilla.
Ha expuesto, en este sentido, que de los más de 60 imputados que figuran en las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya, un total de 37 pertenecen a la provincia de Sevilla y 23 de ellos están "vinculados" en mayor o menor medida al PSOE. Ha citado, por ejemplo, los casos de José Acevedo, Ricardo Medina o José Antonio García Prieto, todos ellos imputados y pertenecientes al PSOE de Camas cuando fueron perpetrados los hechos investigados.
EMPRESAS Y AYUNTAMIENTOS
Igualmente, Bueno ha desgranado que nueve ayuntamientos de la provincia de Sevilla están conectados con las ayudas directas concedidas por la Junta de Andalucía a un total de 12 consistorios andaluces con cargo a la citada partida presupuestaria 31L, toda vez que casi todos ellos estaban entonces gobernados por el PSOE.
Además, ha señalado el papel que juega la provincia de Sevilla entre las 122 ayudas por valor de 68,9 millones de euros libradas siempre con cargo a estos fondos para un total de 101 empresas de toda Andalucía, pues 64 de estas 101 empresas pertenecían a la provincia de Sevilla, cosechando las mismas 80 de las 122 subvenciones con más de 48 millones de euros del montante global de 68,9 millones de euros.
Entre las empresas de la provincia de Sevilla beneficiadas por estas ayudas directas carentes de fiscalización, en efecto, figuran sociedades controladas por Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla; José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo; o del exconcejal socialista de este ayuntamiento José María Sayago, por ejemplo. Ha recordado Bueno, además, que la hija de José Antonio Viera Sonia Viera trabajó para una de las empresas de José Enrique Rosendo incluidas en la investigación.
LOS 'INTRUSOS'
Respecto a la vertiente de las prejubilaciones fraudulentas, Juan Bueno ha señalado que más de 20 de estos casos se encuadran en la provincia de Sevilla y, entre ellos, figuran once miembros del PSOE o antiguos cargos públicos socialistas y tres familiares de los mismos.
En ese sentido, ha señalado a la secretaria general del PSOE de Sevilla, Susana Díaz, a su antecesor en el cargo y actual diputado nacional, José Antonio Viera, y al presidente del PSOE de Sevilla y de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, porque en el PP de Sevilla "no creemos que los máximos dirigentes del PSOE sevillano no supiesen que en su partido era donde más y con mayor diferencia se estaban beneficiando ilegalmente" de la administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31l.
LA SIERRA NORTE
Bueno, en ese sentido, ha rememorado que Susana Díaz ostentaba la Secretaría de Organización cuando Viera lideraba el PSOE de Sevilla y ha señalado los "íntimos amigos de la cúpula del PSOE" en la Sierra Norte de Sevilla, porque el propio Francisco Javier Guerrero fue alcalde de El Pedroso y en buena parte de los municipios de esta comarca se concentran los hechos investigados. "Allí eran donde más ayudas ilegales se movían", ha dicho.
Igualmente, ha reprochado a Rodríguez Villalobos que "proteja o haya protegido en la Diputación a muchas personas que figuran en los sumarios del caso", como la exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas María José Cervantes. "¿Mantenía Villalobos reuniones con Guerrero en la Diputación?", ha preguntado retóricamente antes considerar, finalmente, "extraño" que Susana Díaz "no conociera la financiación que se movía en torno a su partido".