El portavoz de Sanidad del PP en el Senado, el cordobés Jesús Aguirre, afirma que con las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy se configura un modelo "mucho más justo y solidario que garantiza la calidad y sostenibilidad" del sistema de atención a la dependencia, "priorizando los servicios sociales e impulsando la creación de empleo".
En un comunicado, Aguirre ha destacado que, "desde su entrada en vigor y hasta la fecha, la ley no ha funcionado como se preveía, y así lo ha demostrado la evaluación definitiva de resultados de la misma", motivo por el que ha reprochado al anterior gobierno del PSOE su gestión de la Ley de Dependencia, que "la convirtió en una maraña normativa generando enormes deficiencias en la atención recibida, provocando desigualdades entre ciudadanos, en función de su Comunidad Autónoma, e incumpliendo con las expectativas de creación de empleo".
Adicionalmente, las previsiones iniciales del anterior Gobierno para el periodo 2007-2011 han sido "ampliamente superadas, provocando que a día de hoy, el sistema se encuentre desbordado tanto en el aspecto económico --2.724 millones euros más de financiación de lo inicialmente previsto--, como en el asistencial --225.000 grandes dependientes más de los que se habían estimado--".
"El resultado es que, en estos momentos, podemos hablar del colapso del Sistema de Dependencia con una lista de espera heredada superior a las 300.000 personas", según advierte Aguirre. Ante esta situación, el Gobierno de la Nación está "comprometido con el bienestar de las personas, fundamentalmente de aquellos que son más vulnerables".
Tal y como defiende el popular, "este compromiso se traslada a las políticas sociales, y en especial al desarrollo y aplicación de la Ley de la Dependencia, fruto del consenso mayoritario de todas las fuerzas políticas".
Por ello, el Gobierno y las comunidades autónomas han adoptado "un Gran Acuerdo", que se enmarca dentro del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales, para mejorar la Dependencia, que persigue cuatro objetivos fundamentales, como son "garantizar su sostenibilidad; proteger a las personas con mayor grado de dependencia; simplificar, clarificar y homogeneizar los procedimientos, y asegurar que las prestaciones se adecúan a las necesidades reales de los dependientes".
"MEJORA" CON LA LEY
Aguirre ha definido la "mejora" de la Ley de Dependencia como "más justa", ya que, a su juicio, "se prioriza la atención a las personas con mayor grado de dependencia y se amplía el calendario para la incorporación progresiva de las personas valoradas en grado I"; "solidaria", porque "la aportación mínima del usuario se determinará de forma progresiva teniendo en cuenta la capacidad económica del usuario y se garantiza que las personas dependientes cuya capacidad económica sea igual o inferior al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) percibirán la máxima cuantía de la prestación económica correspondiente o bien quedarán exentos de aportación al coste del servicio".
Además, la califica como "sostenible", al tener en cuenta, aparte del número de usuarios y sus grados, "los servicios que reciben los beneficiarios ponderándolos positivamente frente a las prestaciones económicas y posibilitando a las CC.AA. diferir, en un plazo máximo de dos años, la retroactividad en el derecho de acceso de los nuevos beneficiarios, cuando se trate de prestaciones económicas", así como "equitativa", al "garantizar la igualdad de la aplicación de la Ley ante similares situaciones de Dependencia en todo el territorio nacional", entre otros aspectos de "mejora".