Así se ha expresado el vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Javier Arenas, quien ha reclamado un acuerdo sobre un texto que aborde tanto las competencias de las corporaciones locales como su financiación.
El dirigente 'popular' está manteniendo encuentros con alcaldes de su partido de distintas regiones del país para analizar esta reforma y buscar consensos, ante las críticas que el texto ha suscitado en las propias filas 'populares'. Este lunes, la reunión tuvo lugar con el partido en Madrid, incluidos un centenar de alcaldes.
Arenas ha insistido en ofrecer un pacto a los socialistas y en que "lo único que hay hoy sobre la mesa" es un informe, revisado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero y al que se han presentado docenas de alegaciones que está revisando Administraciones Públicas. El también senador ha reiterado el mensaje que el PP lanza en las últimas semanas: esta será la "ley más debatida y pactada de toda la democracia".
Además, ha recordado que el Gobierno no sólo aborda la reforma de la administración local sino de todas las administraciones públicas, "una reforma integral", y que en el caso de los ayuntamientos la nueva ley irá acompañada de una nueva financiación.
Al respecto, Arenas ha recordado que Hacienda va a permitir a los ayuntamientos utilizar el remanente positivo de tesorería para invertir en mejorar el municipio y que va a lanzar un nuevo Plan de Pago a Proveedores, con el que se financiarán las deudas que las Comunidades Autónomas tienen con las entidades locales.
APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS
El vicesecretario popular ha hecho una defensa de la gestión de los ayuntamientos y la vocación "municipalista" del Partido Popular. En este sentido, ha afirmado que las corporaciones locales "no son las responsables del déficit" puesto que, en su mayoría, tienen las cuentas públicas "más equilibradas, o bien, las menos desequilibradas" de todas las administraciones públicas.
Asimismo, ha recordado que el déficit de las corporaciones locales es inferior al del Estado, que tiene que asumir los intereses de la deuda y los subsidios por desempleo.
Por último, ha recordado que uno de los objetivos del Ejecutivo de Mariano Rajoy en esta materia es que una misma competencia sólo la realice una administración, para evitar así las duplicidades y el enorme gasto que esto supone a todas las Administraciones Públicas.