En su texto, CiU indica que "si bien en el ámbito de las administraciones públicas se han articulado soluciones a la pluralidad lingüística, la realidad demuestra que la Administración de Justicia se ha restado, en este sentido, poco permeable a la utilización de las lenguas oficiales que no sean el castellano".
La encargada de defender la propuesta, la diputada de CiU Montserrat Surroca, ha afirmado que ha presentado esta iniciativa para hacer efectivos "los derechos lingüísticos y los derechos de los ciudadanos ante la administración, tal y como recoge el Estatut", y por "razones de eficacia".
En su opinión, la única forma "real y efectiva" de dar cumplimiento a los derechos que tienen los ciudadanos ante la justicia es velar por el "respeto de la pluralidad", y que se considere como "requisito y no como mérito" el conocimiento de la lengua.
EL PP LO CONSIDERA "UNA IMPOSICIÓN"
Por su lado, el portavoz del PP en la Comisión de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha justificado su rechazo a esta propuesta porque propone el uso del catalán como una "imposición" y no como una opción, de forma que esta condición se convierte en "exclusiva y excluyente", lo cual está muy alejado del objetivo prioritario que plantea el modelo de la cooficialidad.
Por ello, señala que lo aconsejable sería proponer nuevas medidas que fomentaran el conocimiento de las lenguas cooficiales y favorecer su "progresiva" implantación en ámbito de justicia. Así, considera como "absurdo, radical y desproporcionado" convertir su conocimiento en algo obligatorio.
En este sentido, el parlamentario ha indicado que si uno de los rasgos que definen al pueblo catalán es el 'seny' -sentido común-, esta propuesta "tiene poco de seny, muy poco", ha afirmado.
En opinión del diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, esta propuesta es un intento de "llevar la secesión a la justicia", para lograr una administración de la justicia "que nada tiene que ver con la española".
"PROYECTO DE JUSTICIA NACIONALISTA"
Así, ha destacado que éste es "un proyecto de justicia nacionalista" que supone una "caricatura" del objeto al que representa. Por ello, ha justificado su voto en contra al explicar que la iniciativa intenta hacer un "retroceso escandaloso y absolutamente intolerable", que intenta dividir a los ciudanos en los de "primera y de segunda".
Para el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Tardà, un ciudadano que no utilice el castellano corre el riesgo de recibir "vejaciones, humillaciones, violencia física, multas y sentencias de cárcel". Así lo ha destacado al recordar el caso del ciudadano valenciano Carles Mateu, quien fue a cárcel por, según ha explicado Tardà, no hablar en castellano sino en valenciano.
Por ello, el parlamentario independentista ha explicado el voto a favor de su formación porque además no se ha condenado "esta vulneración de los derechos humanos", y porque considera que con esta propuesta los ciudadanos podrían utilizar su lengua para "denunciar" y no salir con una denuncia por hacerlo, ha subrayado.
Por su parte, el diputado del PSOE Álex Sáez Jubero, quien ha mostrado su "preocupación" por el "retroceso" experimentado, ya que ha recordado que cada vez se redactan menos sentencias en catalán, se hacen necesarias medidas para "garantizar el conocimiento de las lenguas cooficiales".
En este sentido, ha destacado la importancia de que se aborde una reforma de la ley orgánica del poder judicial, y que así exista una obligación para los jueces y magistrados de acreditar un nivel de la lengua "adecuado y suficiente".