Los dos imputados se han responsabilizado mutuamente de las operaciones que facilitaron el desvío de fondos de la institución y han insistido en exculpar a sus familiares de la gestión fraudulenta.
Así, mientras Millet ha afirmado que él no intervenía en esas decisiones, y que sólo firmaba las operaciones económicas, Montull se ha escudado en que se limitaba a obedecer las órdenes de su superior.
El juez también ha acordado prohibirles que salgan de España y les ha retirado sus pasaportes, después de que Millet y Montull hayan declarado por separado ante el juez Juli Solaz durante más de una hora.
La investigación la inició la Agencia Tributaria en 2008, cuando detectó la retirada de numerosos billetes de 500 euros de cuentas del Palau, aunque en 2002 un anónimo ya había advertido a Hacienda de irregularidades contables cometidas por Millet.
Tras una larga investigación de casi un año, a principios de junio la Fiscalía presentó la querella ante el juez, que no ordenó el registro del Palau por parte de los Mossos d'Esquadra hasta el 23 de julio, momento en el que el caso salió a la luz pública causando un gran revuelo entre la clase política y la sociedad civil.
Lo que sí que se determina en la querella es la manera en la que Millet y Montull desviaron el dinero. Lo hacían a través de facturas falsas o hinchando otras, como la correspondiente a la reforma del órgano del Palau, además de pagar en dinero negro a artistas, según su propia confesión.
Aunque no figura en la investigación judicial, también ha salido a la luz pública que la Fundació del Palau fue el principal donante privado de la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC, durante varios años, aunque no está claro si le entregó 630.000 o 330.000 euros, y que Millet dio 72.000 euros Ángel Colom, que éste utilizó para pagar las deudas del Partit per la Independencia (PI).
El caso ha provocado estupor en la sociedad civil catalana, ya que se consideraba que el Palau de la Música y el Orfeó Català eran entidades culturales ejemplares y simbólicas. El hecho de que, además, las administraciones públicas estén dentro del Consorcio que gestiona el Palau ha provocado indignación por el poco control que había del dinero público que se abocaba a las entidades.
El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, ha tomado declaración a Millet y a Montull a lo largo de la mañana, en calidad de imputados y tras la querella presentada por la Fiscalía en junio contra ellos dos, la hija de Montull y contable de la institución, Gemma Montull, y contra los tesoreros Pau Duran y Enric Álvarez.. El juez ha decretado para lambos libertad con cargos, pero sin fianza.
Tras la declaración, se ha celebrado una "vistilla" en la que la Fiscalía ha pedido para ambos imputados prisión sin fianza por el desvío de, al menos, 10 millones de euros del Palau de la Música, aunque el juez, finalmente, ha decidido dejarles en libertad con cargos.
En su declaración ante el juez, los imputados han ratificado las cartas de confesión que remitieron al juzgado el pasado mes de septiembre y han ampliado los detalles sobre el destino que dieron a los 3,3 millones de euros que admiten haber desviado del Palau de la Música, según han informado fuentes judiciales.
Las otras tres personas que también aparecen en la querella de la Fiscalía, Gemma Montull, hija de Jordi Montull y directora financiera, el tesorero Pau Duran y el ex tesorero Enric Álvarez, que no han sido llamados a declarar por el juez, han sido de nuevo exculpados por el ex presidente y el director general del Palau de la Música, según los letrados.
Irregularidades desde el año 2002
En la querella de la Fiscalía no se llega a determinar el destino final del dinero desviado, que se elevaría a unos 10 millones. El 16 de septiembre los implicados admitieron la apropiación de 3,3 millones para viajes familiares a destinos lejanos o para remodelar sus viviendas particulares, como una torre que Millet tiene en L'Ametlla del Vallès (Barcelona).
Desviaron el dinero a través de facturas falsas
Aunque las instituciones públicas pretendían presentarse como acusación particular, el juez sólo permitirá que lo hagan el propio Orfeó y el Consorcio (donde ya están representadas las administraciones). No obstante, la Generalitat, el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura podrían personarse como acusación popular. RSO