Según el presidente de la Audiencia Nacional el problema radica en el sentido que se le da al sustantivo, que tiene una carga claramente negativa. "Actualmente cuando un abogado presenta una denuncia o querella bien fundamentada, ya se utiliza el concepto 'imputado', con el claro estigma social que ello comporta ante la opinión pública".
Para Ángel Juanes, no se debería hablar de 'imputado' hasta que haya una valoración previa por parte de un tribunal, es decir, cuando se den elementos para imputarle, a lo largo sumario o durante las diligencias previas.
El presidente de la Audiencia Nacional ha señalado, asimismo, que si se probara que un magistrado de un tribunal se ha dejado influir por un juicio paralelo, "la sentencia que se dictara no sería más o menos discutible: se trataría de un caso claro de prevaricación y por lo tanto el proceso quedaría anulado".
Según Juanes, el problema es que ese hecho actualmente es difícil de probar. En ese sentido, ha afirmado que "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala de manera abierta que los juicios paralelos pueden vulnerar los derechos y garantías de un proceso y deja entrever la nulidad pero no indica cuándo se da esa situación y que criterios objetivos determinan que un determinado juicio paralelo influye en la imparcialidad de un proceso". El juez ha apuntado que ese es el camino que todavía queda por recorrer.
En este encuentro ha participado también la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Carmen del Riego. Del Riego ha señalado que "los jueces no se dejan influir por los periodistas y resisten a la presión de los medios de comunicación" y ha mencionado el 'Caso Dívar' como paradigma de su afirmación.
Según presidenta de la APM, la Justicia no varió su posición y dictó en dos ocasiones que la acción cuestionada no era objeto de reproche penal. "La culpabilidad social no tiene que coincidir con la penal, la dimisión es consecuencia del reproche social o ético", ha afirmado Del Riego.