El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha reprochado a la oposición y a las comunidades que critican las medidas tomadas por Gobiernos central y ha argumentado, en el caso de medidas como la ayuda de 400 euros a parados sin prestación, que a cualquier Gobierno le gustaría mantenerla, por lo que si no se hace, será por "alguna razón poderosa" que en este caso es la "imposibilidad de darla". A su juicio, la culpa es del anterior Gobierno, tanto en Cantabria como en Madrid, que ha "hecho lo posible" para "acabar con el Estado del Bienestar" a través del "uso y abuso" en su gestión.
Para Diego, "los que hoy se oponen a las medidas que permitirán seguir atendiendo los servicios básicos --en alusión a socialistas y a sus exsocios regionalistas-- hicieron tal cúmulo de barbaridades que abocaron a Cantabria a perder la capacidad de decidir por sí misma" y, tanto a la comunidad como al Estado, al "colapso financiero".
"Ellos son responsables de la situación", ha sentenciado Diego, quien ha argumentado, en el caso de medidas como la de los 400 euros, que a cualquier Gobierno le gustaría mantenerla, por lo que si no se hace, será por "alguna razón poderosa" que, en este caso, es, directamente, la "imposibilidad de darla".
Además, el presidente ha criticado la actitud de las cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, País Vasco y Cataluña, no gobernadas por el PP), que han anunciado que seguirán prestando la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, en contra de lo decidido por el Gobierno central, y les ha recriminado que lo hagan por motivos "de carácter político" (tanto en la negativa a esta medida como a otras que también se han rechazado).
Diego ha defendido que esa medida se ha adoptado al detectar que "desde el punto de vista financiero no se pueden prestar determinados servicios de forma generalizada", porque si no, el sistema es "insostenible".
Y ha contrapuesto situaciones como que se "niegue" el pago a residencias de la tercera edad cuyos usuarios han cotizado con que se haga lo mismo a personas "ilegales" que dejarán de acceder a "algunas" prestaciones.
Es algo que "no tiene sentido", ha afirmado a preguntas de los medios Diego, para quien "lo ideal" sería que hubiera "café para todos".