"Estamos ya en el principio del inicio del juicio del Prestige", afirmó García Ortiz en una entrevista con Efe, en la que indicó que "ya ha acabado formalmente la investigación" y la próxima semana concluye el plazo para que "las partes personadas postulen ante el juez".
El fiscal encargado de asuntos medioambientales del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) subrayó que el macrojuicio se celebrará ante la Audiencia Provincial de A Coruña, aunque apuntó que aún no se ha decidido el lugar en el que se desarrollará, ya que deberá acoger a decenas de testigos, expertos, peritos, abogados, jueces y otros profesionales de la justicia.
Tampoco la fecha ha sido decidida, pero García Ortiz opinó que, desde el punto de vista de la Fiscalía, "no seria malo" que el juicio coincidiera con el octavo aniversario del accidente.
El 13 de noviembre de 2002, el petrolero "Prestige", un monocasco cargado con 77.033 toneladas de fueloil, con bandera de Bahamas, envió una llamada de socorro a las 14:15 horas cuando navegaba frente a las costas gallegas debido a la ruptura de uno de los tanques en un momento de tormenta, por lo que perdió parte de su carga y tuvo problemas de estabilidad.
Dos helicópteros acudieron a sus proximidades y evacuaron a 24 de los 27 tripulantes, de manera que permanecieron a bordo el capitán, el griego Apostolos Mangouras, de 73 años, que fue detenido y posteriormente liberado tras ser depositada una fianza de 3 millones de euros, así como el primer oficial y el jefe de máquinas.
El buque, procedente de San Petersburgo (Rusia) y que se dirigía a Gibraltar, fue remolcado tras el accidente lejos de la costa gallega, por decisión de las autoridades, y finalmente el 19 de noviembre de 2002 se partió en dos. A las 10:45 horas se hundió la popa y a las 15:45 la proa a profundidades de unos 3.500 metros, aunque continuó vertiendo durante días el crudo.
El entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, también será enjuiciado y deberá responder de los fundamentos de su decisión de alejar el buque de la costa gallega, una cuestión que podría suscitar de nuevo cierto debate.
La marea negra desprendida afectó principalmente a las costas gallegas, que inundó de fueloil, pero perjudicó también, aunque en menor medida, a otras zonas del litoral de España y de Francia.
Los afectados reclaman indemnizaciones de más de 1.200 millones de euros, de los cuales más de mil millones corresponden a personas, organizaciones y empresas perjudicadas en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, y de Comunidades Autónomas y el Estado español; y más de doscientos millones de euros de peticiones cursadas por Francia.
A diferencia del hundimiento del "Erika" en 1999 frente a las costas de la Bretaña francesa, por el que la justicia de ese país condenó al año pasado a la petrolera Total y a otros agentes, en el juicio del "Prestige" no estará entre los acusados empresa alguna, debido a las particularidades de la legislación en España.
"El derecho español no contempla la responsabilidad de las personas jurídicas, por lo que no puede condenar a la armadora sino a una persona responsable en la empresa o a alguien que haya ejecutado un hecho que sea ilícito y punible", comentó el fiscal, quien subrayó que "sólo se enjuician conductas personales, no conductas corporativas".
Además, precisó que en el macrojuicio "ni la fletadora del barco ni la armadora son multinacionales, no son Total, Exxon ni ninguna corporación capaz de responder, ni siquiera ante la opinión pública" de esa catástrofe ecológica.
Subrayó la complejidad del asunto con ramificaciones en una decena de países e indicó que el buque tenía bandera de Bahamas, aseguradora británica, clasificadora estadounidense, fletadora suiza con sede en Londres, aunque dueño, propietario registral, armador y capitán de nacionalidad griega.
El fiscal apuntó que las autoridades judiciales están estudiando también "fórmulas para darle publicidad, ya sea por Internet u otro medio" al macrojuicio, por el interés que suscita no sólo en España, sino en otros países, e indicó que algunas de las intervenciones de expertos, testigos o afectados podrían efectuarse por videoconferencia.