El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha acordado proseguir con la práctica de diligencias sobre los hechos relacionados con Valencia mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) resuelve si asume las pesquisas en torno a los indicios delictivos que pesan sobre el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
De este modo, el magistrado ha estimado los recursos interpuestos tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el empresario valenciano Miguel Zorío, quienes solicitaban que las investigaciones acerca de los eventos Valencia Summit y Juegos Europeos (JJEE) sigan adelante mientras decide la máxima instancia judicial valenciana , al aseverar que la suspensión de estas diligencias de prueba supondría una "dilación inadmisible" del procedimiento judicial.
En cualquier caso, la suspensión sí se mantiene sobre las pesquisas que pudieran llevarse a cabo sobre Camps y Barberá, así como sobre la petición realizada por el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar para que sean citados dos miembros de la Intervención General del Estado para que sean interrogados sobre el informe que emitieron en su día. Todo ello quedará a expensas de la decisión que adopte el TSJCV sobre su competencia.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha adoptado esta decisión en el marco de las declaraciones que tienen lugar esta mañana en los Juzgados de la capital balear, entre las que está fijada la del propio Zorío, quien tras el acuerdo del juez podrá ser inquirido en torno a su participación en las negociaciones de los JJEE, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 382.000 euros a pesar de que nunca llegaron a celebrarse.
En su recurso, el fiscal Pedro Horrach hacía suyos los argumentos esgrimidos por la defensa de Zorío, al incidir en que no existe previsión legal alguna que obligue a la suspensión de estas actuaciones a la espera de que se pronuncie el TSJCV, como tampoco "supone una vulneración del derecho a la defensa" el hecho de que éstas se sigan practicando.
De este modo, el representante del Ministerio Público reproducía lo expuesto por el letrado del empresario valenciano en el sentido de que la causa debe proseguir en relación con el Valencia Summit y los JJEE y con las personas imputadas que no son aforadas -es decir, excepto Camps y Barberá-, al considerar que "carece de sentido para ahora la instrucción, sin que exista un hecho, un testimonio o una prueba relevante que haya surgido en este momento intermedio de la investigación".
De hecho, la defensa del empresario recordaba que el juez ya negó remitir a los Juzgados de Valencia las pesquisas relacionadas con los anteriores eventos al alegar la conexión entre los hechos acaecidos tanto en la capital levantina como en Palma.